“Los directores del Enress han honrado su palabra al convoca a esta audiencia pública”, dijo ayer el diputado provincial justicialista Mario Lacava, antes de rechazar el aumento tarifario en Assa propuesto por el gobierno santafesino.
La sincera expresión del legislador opositor resume el ambiente que predominó en la reunión, la primera de este tipo sobre qué hacer con las tarifas, pero también qué hacer con los servicios sanitarios en la provincia.
Funcionarios y usuarios se vieron las caras. Desde el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, y el titular de la empresa, Alberto Daniele, hasta los ciudadanos que sin más que esa condición se inscribieron para participar, incluso los que no son usuarios de Assa, pero sufren problemas sanitarios.
Hubo tanto militantes políticos, dirigentes barriales y titulares de vecinales, como concejales y diputados provinciales del oficialismo y la oposición, aunque ningún senador provincial.
Del debate surgieron dos extremos: en uno, el gobierno que propone una suba escalonada para una actualización parcial de la tarifa (no sería suficiente para alcanzar los costos actuales) que tendrá un primer impacto del 19% y luego 4 subas más del 12% hasta llegar al 87% en el primer bimestre de 2011, y la visión contraria, de la oposición justicialista, que sostiene que no deben aplicarse los aumentos.
El obeidista Lacava afirma que la empresa debe ser más eficiente, y continuar con la política del gobierno anterior de no trasladar a los usuarios los déficits en las inversiones que heredó de la privatización. El legislador admite que puede haber un atraso tarifario pero sostiene incluso su oposición al anterior (del 29%) que no fue ratificado aún por el Enress.

Abrir el juego
Entre las visiones opuestas del oficialismo y la oposición, surgió una franja intermedia llena de matices. Entre quienes parcialmente aceptan y quienes en partes mayores o menores rechazan un aumento de tarifas, se ubicó la mayoría de las exposiciones de los usuarios.
Queda la impresión de que -en general- se admite que la tarifa no refleja el costo del servicio y que no es una buena decisión política que el Estado provincial financie con fondos de todos los santafesinos lo que Assa no recauda en los 15 distritos servicios, entre ellos Rosario y Santa Fe, donde -encima- están los peores valores en cuanto al derroche del agua potable...
Además, la comparación con las tarifas de los servicios que prestan municipios y comunas y cooperativas de usuarios con las que brinda Assa (del doble o el triple) no deja mucho lugar para cuestionar alguna actualización. Sí -en cambio- hay muy fuertes quejas sobre los porcentajes a aplicar, sobre la oportunidad de su implementación y respecto de cómo garantizar que una tarifa más cara signifique más obras.

Consumo e insumo
La idea de abandonar la tarifa plana, que el gobierno santafesino deslizó dentro de un proyecto de ley para la reforma del marco regulatorio de los servicios sanitarios, avanzó ayer en definiciones respecto de qué quieren los usuarios residenciales.
Se propone la creación de una nueva categoría de usuarios, los industriales, para diferenciar el agua potable como insumo industrial de la consumida por la población.
El agua potable malgastada en riego, hacer funcionar inodoros, lavar automóviles o en las pérdidas continuas sobre el asfalto escandaliza no sólo a los ambientalistas. También a los santafesinos del norte y el oeste provincial, que sí sufren la falta de agua potable (fuera del área servida por Assa) y cuando la tienen, deben afrontar con altos costos de producción.

Medición
Otro asunto reiterado en las exposiciones es el objetivo de lograr que cada consumidor tenga medidor. Esa era una de las tantas metas de que se liberó a Suez (en plena convertibilidad, mucho antes de su estallido) cuando se suspendieron las obligaciones al privado, a cambio de que no subiera la tarifa. En el micromedidor se depositan expectativas de mejorar la eficiencia empresaria (porque se mostraría con precisión cuánta agua se produce y cuánta se pierde por las redes).
Las experiencias de los cooperativistas, donde existe prácticamente el 100% de micromedición, demuestra que los consumos domiciliarios bajan si se paga lo que se usa.
El problema es que entre el costo del equipo, la mano de obra necesaria, la rotura y la reparación de las veredas, se estima que cada medidor tiene un costo de 600 pesos.
La cifra divide a los técnicos de Assa de las opiniones de los usuarios. Los primeros admiten que el aparatito hace más justos y racionales los consumos, pero dudan de una inversión masiva en esa dirección cuando se necesitan otras obras.
La primera audiencia pública sobre los servicios sanitarios en Santa Fe se ha demorado al menos unos 15 años. En diciembre de 1994 se privatizó la Dipos, sin más debate con la ciudadanía que el que dieron las cámaras legislativas y el programa de gobierno de Carlos Reutemann durante aquella campaña electoral, en la que el candidato opositor radical, Horacio Usandizaga, compartía aquella decisión.
No hubo audiencia pública entonces, ni después durante la privatización con sus cambios contractuales, renegociaciones interminables y resultados conocidos: el contrato se cumplió, según el Enress, en apenas uno de diez años.
Mientras a nivel nacional otros marcos regulatorios sobre diversos servicios incluyeron a la audiencia pública como condición (no vinculante) pero necesaria para cualquier aumento tarifario o cambio en el contrato, en Santa Fe la modernización no llegó nunca. En su lugar, en los “90, usuarios y opositores a la privatización crearon la Asamblea Provincial por el Agua que (más allá de su nombre rimbombante) permitió expresarse a quienes ahora sí lo hacen por una convocatoria oficial.
Ayer, hubo quejas de usuarios porque no sea vinculante la audiencia pública. En realidad, no hay tales extremos en los servicios públicos en el país. Pero debe advertirse que la reunión que ayer se celebró fue a pesar de la Ley 11.220 que sirvió a la privatización y hoy está vigente.

Rafaela
Por cantidad y calidad, ayer se destacaron los asambleístas de Rafaela. Hablaron el intendente Omar Perotti, un representante por los vecinalistas y varios concejales, que llegaron a la capital provincial para exponer las penurias de la ciudad que sufre por varios frentes: la falta de cloacas, el afloramiento de napas subterráneas y un servicio de distribución de agua potable que en verano resulta crítico. Perotti ayer acusó al gobierno santafesino de carecer de “voluntad política” para hacer realidad la obra de los grandes acueductos y reclamó una política de Estado que los lleve adelante.

Foto: Archivo Programa Infoambiente