Lo inmediato no aplica para un problema tan complejo como el de la calidad del agua en la Gran Valencia. Demoraría al menos entre seis y ocho años que el líquido que se transporta desde el embalse Pao Cachinche alcance niveles aceptables, para ser potabilizado en la planta Alejo Zuloaga.
Buena ciencia, tiempo y dinero son los caminos a tomar, en opinión de Rafael Dautant, proponente de la anterior iniciativa, en el foro “Calidad y cantidad de agua en la región y el país”, que organizó el capítulo Carabobo del Centro Internacional de Formación de Políticas Públicas (Ifedec), este jueves en el Colegio de Abogados.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, urge acometer tres acciones técnicas para lograr buenas soluciones: la primera es hacer más estrictos los controles de descarga de vertidos y efluentes a los cuerpos de agua (lago, embalse y ríos tributarios). En segundo lugar, plantea una reingeniería de las plantas de tratamiento de aguas servidas.
Entre el embalse y la planta potabilizadora Alejo Zuloaga hay 42 kilómetros de tubería que conducen el agua. Que se construya un sistema biológico de tratamiento en algún punto de este trayecto es la tercera propuesta, a mediano plazo. Los microorganismos se “comerían” la alta carga de contaminantes orgánicos que viajan en el líquido, y así llegaría más limpio a la fase de desinfección. “Es una forma natural de descontaminación”. Implementarlo pudiera costar más de 100 millones de dólares.

Derecho a reclamo consagrado
Lucio Herrera Gubaira, vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), basó su conferencia en la importancia de reclamar por la calidad y cantidad de agua, recurso consagrado como derecho humano fundamental en la Constitución.
El abogado nombró la decena de organismos a los que compete el tema hídrico, algunos de los cuales ni siquiera se han constituido.
“El proveedor del servicio debe cumplir el deber de manera eficiente. Tenemos derecho a disponer de agua potable de calidad y que no atente contra la salud de los consumidores. Si no se cumpliera, esas comunidades pueden concurrir a instancias judiciales para pedir resarcimiento de daños y perjuicios a la salud y a la vida que ese problema les haya ocasionado”, recomendó.

Colectores cooperantes
Hidrocentro delegó la vocería en Luigina Cercio, coordinadora de la Unidad Ejecutora del Proyecto del Lago de Valencia. Aseguró que se adelanta un proceso de control del nivel y saneamiento de la segunda cuenca más importante de Suramérica.
La ingeniero civil explicó que han construido 98 kilómetros de colectores para disminuir las descargas “arbitrarias” de desechos que permanecen en los ríos contribuyentes del embalse. En esto el Ejecutivo habría invertido 750 millones de bolívares en diez años. Hidrocentro está reactivando el comité de saneamiento del embalse