Un proyecto para modificar la ley 12.530, que plantea otorgarle al municipio bahiense mayores facultades de control sobre la calidad del agua de la ría local y los efluentes líquidos industriales, ingresó en la Legislatura provincial por iniciativa del diputado oficialista Marcelo Feliú.
"Lo que se busca es profundizar este proceso de descentralización y, a partir de ello, disponer como obligación normativa, un control continuo y permanente sobre los materiales que se vuelquen en la ría bahiense", señaló el legislador.
El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara Baja provincial, indicó que la eventual contaminación de las aguas del estuario deja al descubierto la necesidad de poder contar, "por propia competencia", con estudios científicos públicos que den una respuesta "insospechable, indudable y transparente" para realizar las correcciones debidas y adjudicar responsabilidades.
Para Feliú, esta delegación respondería al reclamo de varios sectores y para nada resulta en desmedro de la competencia originaria del gobierno provincial, ejercida a través de la Autoridad Del Agua (ADA), ya que permite que el municipio actúe a favor de una adecuada política ambiental.
A los efectos operativos, destacó que la intendencia cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo una fiscalización permanente: los recursos financieros por la tasa ambiental, y humanos y materiales del Comité Técnico Ejecutivo (CTE) municipal.

El texto.
"La redacción de la ley, tal como está hoy, habla de una coordinación con la autoridad de aplicación. Esa modalidad de expresión no permite la fiscalización del municipio per se , ya que requiere de una anuencia de las autoridades provinciales para proceder", explicó Feliú.
En caso de aprobarse la modificación, el artículo de marras quedaría redactado de la siguiente manera:
"A los efectos de la aplicación del control de los efluentes líquidos, la Municipalidad tendrá, a través del órgano establecido en el artículo 10 de la presente, facultades de fiscalización concurrentes con la autoridad de aplicación de los decretos 3970/90, 2009/60 y sus resoluciones complementarias".
Para argumentar las ventajas de la citada "concurrencia" por sobre la "coordinación" ahora vigente, Feliú recordó que, recién a partir del año pasado, se logró encaminar una acción conjunta de control entre la Autoridad del Agua y el Comité Técnico Ejecutivo sobre el control de efluentes líquidos.
"De lograrse esta modificación, se contaría con una herramienta para obligar, consolidar y profundizar este tipo de acciones", aseguró el legislador.
Por último, Feliú enfatizó que con su propuesta busca compatibilizar el crecimiento productivo con la calidad de vida de la población, tal como rezan los fundamentos de la ley 12.530.
"Lo que se busca con este cambio no es ni más ni menos que ampliar la competencia en materia de fiscalización que debe detentar la Municipalidad, mediante los órganos competentes establecidos en lo referente al control de los efluentes líquidos", explicó.

Coincidencia del CTE
Si bien aún no leyó el texto de la modificación propuesta por Feliú, el coordinador del CTE, Fernando Rey Saravia, manifestó estar de acuerdo con la delegación de facultades, porque otorgaría una mayor autonomía en la fiscalización.
"Por lo pronto, que se proponga esta extensión de facultades, significa que se confía en que la labor del CTE ha sido y es de utilidad. Por otro lado, entiendo que esto apunta a darle mayor autonomía.
"No obstante, desde hace un tiempo, hemos decidido, aún no teniendo competencia en efluentes líquidos, inspeccionar el cumplimiento de las normativas", destacó Rey Saravia.
En este sentido, señaló que cuanto detectan algún incumplimiento, notifican a la autoridad de aplicación.
"Con la Autoridad Del Agua venimos trabajando muy bien desde hace un año. Un inspector de ese organismo nos acompaña y convalida todas nuestras actuaciones, pero la autonomía sería útil para no vernos necesitados de realizar esos controles en conjunto, pudiéndolos efectuar de manera coordinada cuando ambas partes lo veamos apropiado.
"Además, si hablamos del problema de la ría, que tiene que ver con tantos impactos, como el cloacal, pluvial o industrial, nos sentimos responsables de lo que esté pasando", aseguró Rey Saravia.
En cuanto a los recursos humanos y materiales para afrontar esta nueva responsabilidad, dijo que se encuentran preparados para asumir ese rol.
"Es posible que haya que hacer análisis o gastar dinero en estudios que hasta ahora viene haciendo el ADA. No creo que haya una necesidad de recursos adicionales, porque son tareas que ya estamos realizando", sostuvo el coordinador del CTE.