El Gobierno parece decidido a discriminar entre el banco británico Barclays y otras empresas ligadas al inicio de la exploración petrolera en las Malvinas, a las que ha enviado notas de desaliento y amenazas de sanciones por operar en la zona del litigio de soberanía con el Reino Unido.
Barclays es desde octubre pasado, por decisión del Ministerio de Economía, el coordinador global de una oferta de canje que hará el Gobierno a los aún acreedores privados de la Argentina que quedaron eligieron mantenerse por fuera del megancaje de 2005.
Son inversores que tienen en su poder títulos en default por unos 20.000 millones de dólares en bonos impagos que no entraron en aquella reestructuración de la millonaria deuda nacional.
Pero al mismo tiempo Barclays es uno de los principales accionista de la Desire Petroleum, una de las petroleras que inició sus perforaciones en aguas litigiosas a fines de febrero, dando origen a los aún latentes y fuertes cruces diplomáticos entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido.
También a mediados del mes pasado, el ex diputado Mario Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans presentaron ante el juez Julián Ercolini, del fuero Criminal y Correccional, un pedido de medida cautelar para suspender el contrato del Gobierno con Barclays.
Según los denunciantes el banco participa desde septiembre pasado en un 4,5% de Desire Petroleum.
Además, acusaron a los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, de "incumplimiento en sus deberes": el primero por designar al Barclays como coordinador global para la reapertura del canje, y el segundo, por "no poner reparos" a ello.
Según pudo saber este diario, no hay intenciones de protestar contra Barclays ni de apartarse del mismo. Y sí de seguir adelante en la relación con esta entidad financiera elegida por Economía.
En la Cancillería aseguraron que habrá protestas "para todas las empresas que exploren petróleo en Malvinas por vía marítima".
Cuando se les planteó que parecía el caso de Barclays, respondieron: "eso nos excede, la decisión es de Economía".
Tras una consulta de Clarín, en la cartera de Boudou respondieron que después de analizar el tema, encontraron que "no había "ninguna conexión directa" entre la división de Barclays que hará
el canje y la que es accionista de Desire Petroleum. Por otra parte, consideraron que la presentación judicial de Cafiero y Monner Sans no tiene "ningún asidero".
El mes pasado, el gobierno de Cristina Kirchner inició una guerra legal contra toda empresa que buque hacer negocios petroleros con Malvinas. Lo hizo a través de notas de desaliento y protesta a las empresas que se vinculen con las actividades petrolíferas en las islas y también con escritos alertando sobre su "preocupación" a los gobiernos de los países originarios de dichas compañías, incluyendo al Reino Unido, Australia, Noruega y Dinamarca.
La embestida del gobierno argentino se coronó con el decreto 256 que reforzó los controles para buques que operen en aguas litigiosas sin el permiso de la autoridad nacional competente. Y claro, se volvió a recurrir a la región y a las Naciones Unidas con el reclamo de diálogo de soberanía que el Reino Unido niega.