Un barrio. Eso es lo que hay. En Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas –zona noroeste del conurbano bonaerense- hay un barrio de casas sencillas, pelopincho en el fondo, calles de tierra y zanjas. Por una de esas zanjas pasa un arroyo de aguas enfermas. Un hombre extiende el brazo y lo señala: “Cuando llueve –dice– todo esto se inmunda”.
Félix Pérez, 66 años, vecino desde hace dos décadas, produce –sin ningún tipo de intención– un oportuno neologismo. Porque cuando llueve, efectivamente, todo esto se inmunda. Las napas suben, los pozos ciegos se desbordan, el arroyo Darragueyra avanza sobre los suelos de las casas y los excrementos viajan a la velocidad de los troncos y las botellas de plástico. Lo que queda al descubierto, en el medio de ese río torpe y desmadrado, es una verdad que existe desde hace ya mucho tiempo y que ni siquiera se ciñe a los confines de Malvinas Argentinas: en todo el país, según datos que maneja la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 58% de la población carece de tendido cloacal y convive con sus excrementos de maneras denigrantes e impensadas (una cifra muy por encima de la recomendada por la OPS, que sugiere que un país digno no debe tener más del 10% de su gente en esas condiciones). El lenguaje burocrático se refiere a ellos como “no usuarios”. Pero la realidad es más cochina: hay 23.200.000 personas que deben arreglarse como puedan –haciendo y pagando excavaciones, tendiendo caños, vaciando pozos– para no quedar tapadas por su propia caca.
El caso de Malvinas Argentinas es especialmente ilustrativo por su extrema situación de carencia. Según datos brindados por el mismo director de Obras Públicas del municipio, en la zona hay sólo un 5% de población con tendido cloacal y esos 5 puntos corresponden exclusivamente a los cinco countries que hay en el partido. Estos barrios cerrados, a su vez, concluirían el ciclo acuífero de un modo sorprendente: hace un par de años, el country Saint George fue demandado judicialmente por los vecinos de Malvinas Argentinas, ya que los días de lluvia –aprovechando que las calles se transforman en ríos– hubo quien habría aprovechado el desastre para tirar la materia fecal del country a la calle y evitar que entrara en actividad la planta propia de tratamiento de desechos cloacales, cuyo funcionamiento tiene un costo.
Así que lo dicho: todo se inmunda.
Y todo lo que se inmunda se enferma.
Blanca Chávez, 56 años y vecina de Malvinas Argentinas desde hace dieciocho, perdió medio pulmón por culpa de los “desarreglos líquidos” del municipio. El suyo es uno de los tantos ejemplos de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio en llamar “enfermedades de transmisión hídrica”: problemas que acometen a los más de 23 millones de argentinos que –como el 61,3% de los pobladores del conurbano bonaerense– viven en zonas sin tendidos cloacales ni aguas saneadas. Las enfermedades hídricas son varias, pero entre ellas están la gastroenteritis, la diarrea, la fiebre tifoidea, la malaria, los hongos en la piel, el cólera, la poliomielitis, las parasitosis, la osteoporosis, las hepatitis A y E, y las infecciones respiratorias. En este último ítem entra el problema de Blanca Chávez: el 26 de agosto pasado –luego de tres operaciones– le cortaron medio pulmón, porque estaba perforado por la humedad del ambiente. A su hijo de doce años también le fue mal, aunque no tanto: lo internaron dos meses porque le encontraron agua en el pulmón. “Cada vez que llueve se nos mete ese agua inmunda en los colchones –cuenta–. La última vez hasta me rompió la heladera. Y cuando fui a quejarme al municipio me dijeron ‘saque la heladera al sol que se le arregla sola”.

AGUAS PRIVADAS. Si no se tiene cloacas, y no se quiere convivir con los propios desechos, la única vía posible es la autogestión. Para no hundirse en la caca hay vecinos de Malvinas Argentinas que tienen hasta tres pozos ciegos que son desagotados por camiones cisterna, previo pago de 150 pesos mensuales. Además, si se quiere tener agua potable –el 90% del partido no la tiene– es necesario pagar 4.000 pesos a una empresa para que excave los 80 metros que permiten llegar hasta la napa del acuífero Puelche. Todos estos procedimientos son el exponente perfecto de un mecanismo que Leila Devia, abogada y docente de Derecho Ambiental y Alimentario en la Universidad de Buenos Aires (UBA), llama “mercantilización del agua”. “¿El agua puede ser considerada una mercancía en el contexto del mercado global? –se preguntó Devia durante el último Foro Regional del Agua organizado en la provincia de Córdoba por la Defensoría del Pueblo de la Nación–. ¿Puede estar disponible como un bien comerciable y manipularse como un negocio privado? ¿Cómo repercuten los derechos e intereses de los inversores con respecto a los derechos humanos y las medidas de protección ambiental? Creo que, como respuesta, lo que tenemos que exigir es que el suministro adecuado de agua sea un derecho humano básico, garantizado por los gobiernos”.
Hasta tanto eso no ocurra, los ciudadanos deberán gestionar sus derechos (y desechos) humanos ante empresas privadas. Y eso tiene consecuencias. La población de Malvinas Argentinas, por caso, es de clase media baja o directamente baja. Eso implica que buena parte de la gente, al no poder afrontar el gasto de 4.000 pesos de una excavación profunda, opta –en el mejor de los casos– por hacer un pozo de 18 a 35 metros de profundidad, que sale 2 mil pesos y comunica con la napa El Pampeano: una corriente de agua subterránea que está altamente contaminada, y con la que la gente se baña, lava los platos y en algunas oportunidades también se hidrata.

UNA OLLITA. “Soy el más insultado del partido”. Ése es uno de los resúmenes que hace de sí mismo Roberto Lucero, director general de Obras Públicas de Malvinas Argentinas. Al momento de explicar por qué hoy la población está sin las aguas saneadas, Lucero da sus argumentos (que en mayor o menor medida, manteniendo el espíritu y cambiando algunos nombres, pueden extenderse al territorio nacional):

a) La obra hidráulica para entubar el arroyo Darragueyra requiere de 120 millones de pesos, el municipio no puede afrontar ese gasto, y dicho presupuesto fue destinado por la Nación recién el año pasado. Hasta el momento se lleva hecho el 40% del entubamiento, y estiman que el 60% restante se hará dentro del plazo, que concluye en un año.

b) Los arroyos, tanto como los caminos, son jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y ése es un problema que debería resolver la provincia.

c) En cuanto a las cloacas, Malvinas Argentinas no tiene río donde volcar las aguas tratadas y no tiene un lugar donde poder hacer una planta de las dimensiones que se necesitan para poder cubrir las excretas de todo el pueblo. Pero hay un plan para realizar plantas menores en forma progresiva.

“De todas formas, este es un municipio hostil para la obra pública, porque es como una ollita –sintetiza Lucero, quien tampoco tiene cloacas en su casa y debe pagar un camión cisterna cada veinte días–. Lo cursan cinco arroyos y el terreno está en una zona baja e inundable. Igualmente los progresos han sido notorios. En la última lluvia, los vecinos no se han inundado”.

–Lucero, quedaron pasados por agua.

–Inundarte es que te quede el agua dos o tres días adentro de tu casa con una cantidad de agua importante. A la gente le entró, pero después le aflojó. Igual, es cierto, tampoco podemos hacer milagros. En menos de un año la parte más fea se va a estar resolviendo.

De acuerdo con los análisis realizados por la Universidad General Sarmiento (UGS), los indicadores de potabilidad están totalmente desbordados en Malvinas Argentinas. Mientras que la Organización Mundial de la Salud establece que no debe haber más de 30 mg de nitratos por litro de agua, los estudios de la UGS encontraron zonas, como el barrio Emaús, donde la concentración de nitratos supera los 230 mg. “Si queremos tomar agua, hay que comprar en bidón, pero hay gente que no tiene plata y termina tomando la de la canilla –asegura Miguel Paredes, presidente de la ONG Vecinos del Arroyo Darragueyra, que reclama por el entubamiento del arroyo y por el tendido de cloacas y redes de agua corriente en Malvinas Argentinas–. Por este motivo hay muchos chicos enfermos. Tienen erupciones, problemas bronquiales, cromo en la sangre, gastroenteritis, en fin. Qué no tienen los chicos de este barrio”.
Cuando el barrio se inunda, y se inmunda, los chicos no sólo se enferman. También se ven impedidos de ir al colegio. El detalle es que, si no van a la escuela, muchos de ellos probablemente no coman. “La inundación mueve hasta los platos de las casas –dice Paredes–. Por eso en el año 2006 entablamos una demanda contra el municipio y contra la provincia de Buenos Aires por incumplimiento de sus obligaciones y por el daño ambiental, físico y psicológico que implica vivir en estas condiciones”.
Paredes mira el barrio: esta mañana llovió. El suelo es una crema de emanaciones fétidas y el arroyo –definido por muchos como “una cloaca a cielo abierto”– sigue su curso en silencio. Cada tanto, el cauce es cruzado por puentes de un cemento precario: es el recurso que encontraron los vecinos para cruzar el umbral de su casa y no caer en la zanja. “Hasta los puentes los tendimos nosotros”, dice Paredes, sin orgullo. Y con eso dice lo demás también.

OPINIÓN
Un derecho humano básico
Eduardo Mondino (Ex defensor del Pueblo)
El acceso al agua es un derecho humano básico. Es un recurso estratégico que desplazará en el futuro a otros que han sido motivo de grandes conflictos. La sola mención del derecho no alcanza si no existe el compromiso de posibilitar ese recurso. Pensemos por un momento que 1.100 millones de personas carecen de agua en el mundo y que 2.600 millones de personas carecen de saneamiento, es decir que no acceden a aguas potables ni tienen cómo sanear sus desechos. En nuestro país, hay localidades donde el agua está muy lejos, o tiene presencia de importantes volúmenes de nitratos y arsénicos. Eso puede ser letal. Una de cada cinco muertes evitables por enfermedades infecciosas está vinculada con el agua, dicen las Naciones Unidas. En el año 2025, dos tercios de la población de la Tierra sufrirán la falta de agua, de niveles moderados a severos. Por esto, es urgente que los gobiernos garanticen el saneamiento hídrico con acceso universal, en las condiciones adecuadas para el consumo de los seres humanos. En ese sentido, estoy convencido de que hay que encontrar para esta sociedad moderna un nuevo modelo de Estado. Ya no nos sirve el Estado paternalista que hace de todo ni el Estado ausente que no hace nada. Ni el Estado piramidal, que se plantea como una referencia única. Hay que ir a la búsqueda de un Estado que sea capaz de incorporar en su gestión a la gente, a la sociedad civil. Si los escuchamos, será más fácil encontrar las soluciones.