La necesidad de que los agentes de control ambiental funcionen de manera permanente en cercanías del sector portuario e industrial de Bahía Blanca, que comenzó a ser cubierta a principio de esta década cuando la Provincia delegó el control de las grandes empresas en la Municipalidad, sigue manifestándose y esta vez presenta como eje de debate a los efluentes líquidos industriales.
El senador bahiense José María Zingoni (GEN) presentó un proyecto hace más de un año en el que pretendía que la mencionada labor de control medioambiental sobre el estuario bahiense y sus efluentes no sea exclusiva de la Autoridad Del Agua provincial, sino que la comparta con la comuna, más específicamente, con su Comité Técnico Ejecutivo, cuya sede se encuentra en Ingeniero White.
El legislador pretende que una vez que se reanuden las sesiones ordinarias, finalmente se logren consensos para reunir las firmas necesarias en la comisión de Medio Ambiente que él preside y, así, llevar el proyecto al recinto.
Recientemente, en la Cámara Baja, el diputado Marcelo Feliú (FPV) presentó un proyecto en la misma línea para "profundizar este proceso de descentralización y, a partir de ahí, disponer como obligación normativa un control continuo y permanente sobre los materiales que se vuelquen a la ría bahiense".
Zingoni aclaró que si bien su proyecto es anterior, se expresa en el mismo sentido.
"En concordancia con la voluntad de Feliú, he presentado una profundización y ampliación de la ley 12.530 que habla del control de las industrias del polo petroquímico de Bahía Blanca. Que la voluntad avance por las dos cámaras es muy importante. Hoy, las dos presentaciones están en estado parlamentario", indicó.
Opinó que a diez años de haberse aprobado la ley 12.530 y después que el CTE haya desarrollado una correcta labor en el control del medioambiente vinculado al sector industrial, no seguir avanzando en la delegación de las facultades sería conformarse con poco.

Primer rechazo. Zingoni comentó que a instancias de la presentación de su proyecto en el Senado, el Ejecutivo provincial respondió con un informe elaborado por la Autoridad Del Agua (ADA), mediante el cual expresa su oposición a compartir estas facultades con el municipio, porque el control se está llevando a cabo correctamente.
No obstante, comentó que recientemente se produjo un cambio de autoridades en el ADA y que, en algunos casos, los proyectos han sido aprobados pese a tener un informe negativo.
"Hay una vocación centralista en todo esto y siempre ha existido. Acá, a 700 kilómetros de distancia, muy pocos entienden la particularidad de nuestra ciudad. Nos costó mucho llegar a la pronunciación de la ley 12.530 pero su aprobación se logró a partir de una mala experiencia ambiental, como fueron los escapes de cloro y amoníaco sucedidos en 2000. No tenemos que esperar a que otro impacto derive en la descentralización compulsiva", dijo Zingoni.
En cuanto al desempeño del ADA en el control de la ría, el legislador consideró que no es eficiente.
"En la actualidad, el CTE coordina actuaciones con el ADA que son avaladas por los inspectores provinciales, pero esa metodología de trabajo plantea muchos limitantes al momento de ejercer un control estricto desde el municipio. Sería muchísimo mejor que, directamente, tenga la responsabilidad el municipio", dijo Zingoni.
Por último, el senador del GEN dijo que confía en que su proyecto podrá ser aprobado en el Senado, sobre todo por las coincidencias con otros legisladores y por la fuerza que se está ejerciendo desde Bahía Blanca.

El CTE, a favor. El coordinador del CTE, Fernando Rey Saravia, ya manifestó estar de acuerdo con la delegación de facultades porque le otorgaría una mayor autonomía en la fiscalización de los efluentes líquidos industriales.
En cuanto a los recursos humanos y materiales para afrontar esta nueva responsabilidad, dijo que se encuentran preparados para asumir ese rol.