En la apertura de las sesiones legislativas de la Provincia, el gobernador Juan Schiaretti no hizo mención a las políticas ambientales que debería encarar su gestión en 2010. Sólo se refirió a la falta de agua, que atribuyó al "cambio climático" (como un problema de "otros"), insistiendo en que lo solucionaría con el costosísimo proyecto de construir un acueducto desde el río Paraná, comparable al Canal Federal impulsado por el entonces presidente Carlos Menem.
La carencia de una política ambiental clara y efectiva ha producido altísimas externalidades ambientales, que serán cada vez más profundas y graves.
Cabe preguntarse: ¿qué son y quién paga esas externalidades? En principio, son daños producto de nuestras acciones, infligidos sobre el medio natural en el cual vivimos, que generan costos económicos y sociales. En Córdoba, ocurre que, si bien los beneficios de las acciones destructivas actuales sobre el ambiente son para un reducido grupo de poder, los costos los pagamos todos.

El impacto de las acciones. Las externalidades afectan bienes públicos, comunes y/o privados y vulneran los intereses difusos, es decir aquellos derechos que no se puede precisar a cuántos sujetos pertenecen (artículo 53 de la Constitución Provincial).
La modificación y la eliminación de ecosistemas naturales producen impactos muy difíciles de cuantificar en términos económicos, perdiéndose, además, las posibilidades y beneficios que (gratuitamente) obtenemos de la naturaleza. En el mundo entero, se presta cada vez más atención a esos servicios ecosistémicos; incluso, economistas ortodoxos comienzan a incorporarlos en sus cálculos de productividad.
Otro aspecto no considerado es que las acciones de remediación devienen en importantes gastos, siempre superiores a los costos de su prevención. Ejemplos de estas externalidades en Córdoba son el aumento de la desertificación y la consecuente pérdida de suelos productivos en el sur, las miles de hectáreas incendiadas y las cenizas que se depositan luego en ríos y lagos, las inundaciones en el norte y los puentes que se lleva el agua, la escasez de agua para la población, que se irá incrementando por la desaparición del bosque serrano que cubría las cuencas, la pérdida de especies nativas y la contaminación por agroquímicos, entre otros factores.

Cuáles son los costos. Esas externalidades se traducen en costos: ¿cuánto cuesta construir nuevos puentes? ¿cuántas toneladas de granos no se producen? ¿cuánto cuestan los subsidios a las cosechas perdidas? ¿cuántos turistas no vendrán cuando las sierras estén deforestadas? ¿cuánto aumentó el costo de potabilización del agua de los diques? ¿cuántos millones de dólares cuesta construir un acueducto?
Las acciones para con nuestro medio natural son, por lo general, despectivas, injustas e irracionales. Es evidente que, así como en otras áreas de relevancia como salud y educación, el Estado debe jugar un papel central para asegurar el mantenimiento de esos derechos esenciales en calidad y cantidad.
Sin embargo, lo actuado por el Gobierno de Córdoba en materia de políticas ambientales es lamentable y el mejor ejemplo de ello es el estado de los bosques nativos. Estos son sistemas complejos de enorme y evidente valor para quien quiera apreciarlos, mantienen la biodiversidad, la producción de bienes (alimentos, combustibles) y prestan servicios de carácter espiritual y estético o de regulación climática (fijan carbono de las emisiones a la atmósfera, captan y almacenan el agua, fijan y enriquecen los suelos).
La falta de coherencia y seriedad de las acciones encaradas hasta el momento llevó a que Córdoba haya perdido la mayor parte de sus bosques nativos y posea la tasa más alta de deforestación en Argentina y una de las más elevadas del mundo. Los desmontes continúan avanzando a pesar de la veda, hecho reconocido por la Secretaría de Ambiente (organismo responsable de detenerlos). Esta falta de racionalidad es coherente con "otras políticas" impulsadas: posicionar a Córdoba como primera provincia sojera del país. Los limitados recursos naturales son usados de modo abusivo por un pequeño grupo favorecido por políticas erráticas, sectoriales e inconexas en relación con las necesidades de la población.
La imprevisión -de graves consecuencias- arrastra a nuestra provincia a una crisis crónica en términos socioambientales y económicos. Córdoba no puede perder más bosque nativo. Es nuestra responsabilidad informarnos y requerir atender con seriedad el bien colectivo. Implica conocer, respetar y hacer cumplir las normas y exigir el ordenamiento territorial de los bosques. El proyecto elaborado por la comisión interdisciplinaria y participativa (COTBN) sigue esperando en la Legislatura.
La conservación y el manejo racional de los recursos naturales puede ahorrar mucho dinero. La planificación de las actividades productivas en un marco de políticas que amalgamen aspectos ambientales, económicos y sociales debería ser el objetivo de cualquier gobierno coherente y sensato.

* Integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN)