La causa judicial en la cual se investiga a la ex concesionaria de agua potable, Aguas de La Rioja, tuvo en las últimas horas importantes novedades. Los fiscales Emilio Canavesio y Cristina Fernández del Moral de Santander liberaron varios oficios para tratar de determinar la veracidad de lo denunciado por la Fiscalía de Estado provincial (ver recuadro en esta misma página).
Uno de los oficios fue dirigido al Ente Único de Control de las Privatizadas (EUCOP).
Al organismo encargado de controlar a la empresa concesionaria, se le solicitaron datos sobre: los bienes muebles de la entidad, los bienes inmuebles de la empresa, copia del contrato de concesión del servicio en los departamentos Capital, Chilecito y Chamical e inventario de las posesiones de la empresa de capitales correntinos.
En ese mismo oficio se pide que se precise si la empresa pagó el canon mensual que determinaba el convenio legal y las tasas correspondientes.
Otra de las medidas judiciales se dirigió al Ministerio de Hacienda de la Provincia, que comanda el ministro Ricardo Guerra.
En este caso la Justicia quiere saber cuántos recursos le aportó la Provincia a la concesionaria y en qué momento histórico se realizaron esos aportes.

Estrategia
Según pudo saber NUEVA RIOJA, uno de los aspectos más importantes de la investigación judicial está relacionada con la posibilidad de conocer cómo se gastaron los recursos y si se destinaron a su destino específico.
"Le pidieron al Ministerio de Hacienda cuánta plata le pusieron a la empresa y al EUCOP le requieren información sobre el plan de obras realizado cada año. De esta manera, podrán saber si los fondos del Estado riojano terminaron en dónde correspondía", comentó una fuente judicial consultada en las últimas horas.
La denuncia de la Fiscalía de Estado de la Provincia se asienta en sostener que la empresa habría triangulado recursos aportados por el Estado provincial dentro del grupo de entidades que componen el holding que comandaba el empresa Jorge Chamas.

Una denuncia con implicancias
Hace cuatro semanas NUEVA RIOJA publicó los principales lineamientos de la denuncia que la Fiscalía de Estado provincial presentó en contra de la ex concesionaria del agua potable, Aguas de La Rioja.
El argumento de los equipos técnicos del Estado provincial era que la empresa habría triangulado recursos entre diferentes entidades del mismo holding económico. El eje era que fondos del Estado se usaban en otras empresas y con otros destinos.
La denuncia fue encuadrada en la tipificación de fraude, advirtiendo que recursos del Estado podrían haberse destinado a otros fines y especialmente a financiar empresas que tercerizaban los servicios de la concesionaria.
La presentación apuntaba especialmente contra el empresario Jorge Chamas, quien era el propietario del grupo empresario de capitales correntinos. Pero también menciona a otros empresarios del mismo grupo económico y solicita que se investigue el rol de los diferentes directorios de la ex concesionaria.

CAUSA JUDICIAL

La ex concesionaria mantiene el silencio sobre el conflicto
NUEVA RIOJA pudo tomar contacto con representantes de la empresa Aguas de La Rioja, que hasta pocos meses atrás tenía la concesión del servicio de agua potable en los departamentos Capital, Chamical y Chilecito hasta el pasado mes de enero.
Los empresarios mantienen su decisión de optar por un perfil muy bajo en el conflicto que se instaló luego de la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado provincial contra la ex concesionaria.


Postura
Desde la empresa insisten en que ciertos aspectos de la causa judicial que se desarrolla en los estrados judiciales riojanos no son correctos, aseguran tener los elementos que demuestran que la Provincia no cumplió con el contrato de concesión y que se realizaron las inversiones que en su momento se habían pautado con las diferentes autoridades provinciales que gobernaron La Rioja.
El silencio de la entidad de capitales correntinos también se relaciona con el compás de espera que determinaron sus responsables, para analizar qué camino van tomando las medidas judiciales iniciadas por el Fiscal de Estado y ahora impulsadas por la Fiscalía General