Desde hace ya varios días la propaganda oficial de la Nación promociona a través de Canal 7 de TV una serie de obras realizadas en la provincia de San Juan, cuyos beneficios destaca. Entre ellas las que más se reiteran son las represas de Caracoles y Punta Negra, ambas ubicadas sobre el río que da nombre a la provincia.
Es sabido que Caracoles ha sido el más reciente golpe al largamente pretendido ordenamiento de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó; al mejor estilo mendocino -o cuyano- la provincia arribeña concretó en forma inconsulta una obra que le permitirá ampliar su área regada pero que agrega una alteración más a los Estados de aguas abajo, fundamentalmente a La Pampa. Las evidencias de ese proceder están en los bajísimos caudales que, desde hace meses, registra el Salado-Chadileuvú a su entrada en nuestro territorio, menores a cinco metros cúbicos por segundo, con escasas excepciones que apenas superan esa cifra. Esos caudales, para ese curso, implica que sea una salmuera ya que, según estiman los técnicos, para que sirvan al menos de bebida a la hacienda deben estar por encima de los 30 metros cúbicos por segundo.
Ahora, a la retención causada por Caracoles, se vendrá a sumar Punta Negra, que obraría como compensador del anterior, en tanto que ya se anunciaron los estudios de El Horcajo, un emprendimiento mayor que apuntaría a la producción de hidroelectricidad requerida por la gran minería que se desarrolla -y hace estragos- en San Juan. Si se concreta, esa obra posiblemente represente en los hechos la muerte definitiva del colector de la mayor cuenca fluvial que existe dentro de los límites del país.
Este oscuro panorama de obras inconsultas significará la desaparición de cualquier tipo de aprovechamiento en nuestra provincia donde años atrás se llegara a planificar una sistematización del curso para aprovechamientos ictícolas y turísticos. Hace menos tiempo se conformó un organismo de estudio de la cuenca entre la Nación y las provincias integrantes a los efectos de procurar un mínimo ordenamiento. El año pasado el director de aquel estudio dio una conferencia en Santa Rosa en la que destacó ciertos logros técnicos del estudio, pero nada parece haberse avanzado en el terreno político. Claro que, cuando las irregularidades de la gran cuenca hacen que sus escurrimientos amenacen la economía de otras provincias, se acude presurosamente a la nuestra para que efectúe obras de retención y desvío. Pasado el riesgo "son campanas de palo las razones" de La Pampa.
Es de esperar que el gobierno provincial tome nota de estas novedades y realice una puesta al día a fin de trazar acciones futuras frente a la conocida política de hechos consumados de los arribeños. Hasta ahora no se ha escuchado ninguna voz de alarma en la esfera oficial pese a la gravedad que adquiere la situación. Esa actitud parecería conllevar la resignación de que el nuestro es un territorio de sacrificio, únicamente destinado a excedentes de agua con baja calidad y consecuente depósito de sales. La defensa de los derechos de los pampeanos sobre los recursos hídricos interprovinciales debería merecer mayor energía.