La causa penal donde se investigan presuntas irregularidades en la construcción del acueducto del Río Colorado están paralizadas porque renunciaron dos peritos, aseguraron fuentes confiables. La jueza que está a cargo de ellas, Florencia Maza, salió a buscar reemplazantes, aunque no los hallaría dentro del Poder Judicial por falta de profesionales.
La magistrada había reimpulsado las investigaciones en agosto pasado al designar geólogos, ingenieros y contadores para saber si la constructora de Victorio Américo Gualtieri cobró sobreprecios, y si removió suelos arenosos que figuraban como pedregosos para poder cotizarlos a más precio.
En ese momento Maza, teniendo en cuenta las dificultades propias de las tareas, les había otorgado varios meses a los peritos para presentar sus conclusiones, pero esos plazos quedaron postergados debido a las renuncias. Uno de ellos habría dimitido porque estaba en los dos peritajes -en realidad se trata de dos causas unificadas- y le era imposible, materialmente, cumplir con ambos. Del otro no trascendieron las razones.
Lo que sí se supo es que para cubrir al menos uno de los cargos la jueza del Juzgado de Instrucción 7, vía Superior Tribunal de Justicia, habría intentado recurrir a un experto de General Pico ya que no quedaban especialistas entre los peritos inscriptos en Santa Rosa. Otra alternativa sería contratar a alguien por fuera del Poder Judicial.
Los peritajes apuntan al tramo del ducto construido por el empresario Gualtieri, quien se adjudicó la millonaria obra por 138 millones de pesos-dólares a fines de 1998 y a quien el Gobierno le rescindió el contrato a los dos años por una serie de incumplimientos.
Dos en una.
Maza fusionó dos denuncias. Una, de los ex diputados del FRAP -aunque el principal impulsor fue Mario Cayre-, señalando, entre otras cosas, que estaba comprobado que no hubo pruebas hidráulicas en al menos 80 kilómetros de la red y, sin embargo, el gobierno de Rubén Hugo Marín pagó el 100 por ciento de esas certificaciones por 40 millones de pesos-dólares. Por eso de habla de una presunta modificación del pliego original a favor del empresario.
La otra es una denuncia anónima indicando que se habría hecho figurar en tramos de piedra que el suelo era arenoso y en tramos de arena que el suelo era pedregoso. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los 268 kilómetros del trazado troncal y los 230 kilómetros de las redes secundarias, el suelo es arenoso, pero Gualtieri cobraba más si removía suelos pedregosos.
Los peritos deberán mirar con ojo crítico las 15.000 fojas que contiene el expediente y que está guardado en una habitación del STJ. A través de él puede seguirse detalladamente el camino administrativo de la megaobra. Para la pericia hidráulica se habían designado dos contadores, un ingeniero hidráulico y un ingeniero civil; mientras que en el relevamiento de los suelos deben trabajar dos ingenieros y dos geólogos.
El caso penal se abrió en septiembre de 2007, cuando el juzgado estaba a cargo de Verónica Fantini. Un mes antes los legisladores habían radicado la denuncia en el Juzgado de Instrucción 5, pero el juez Carlos Jorge se declaró incompetente. La acción penal fue promovida por la fiscal Susana Alvarez y Fantini le dio curso, a pesar de que en 2004 había archivado una presentación similar porque los denunciantes no habían aportado "elementos suficientes" para pensar, a priori, que podía existir un accionar delictivo.
La presentación del FRAP (hoy Frepam) se centralizó en tres puntos: a) el pago de certificados de obra a favor de Gualtieri por fuera de las condiciones fijadas en el pliego licitatorio, b) la modificación del pliego a favor de Gualtieri, a través de los porcentajes de pago de las pruebas hidráulicas, y c) el decreto 10/05 que firmó el ex gobernador Carlos Verna, adjudicándole la continuidad de la obra a las empresas Skanska y Techint, ya que a través de él se aumentaron pagos por 50 millones de pesos, sin que hubiera obras adicionales, y además se eximió a las empresas de una serie de multas que debieron pagar por no haber terminado de construir el acueducto a fines de 2004.
Públicamente hubo versiones diametralmente opuestas sobre las pruebas hidráulicas. Gualtieri afirmó que las hizo, al menos en un tramo; y el director técnico y jefe de inspectores de la traza, Carlos Oppezzo, aseguró que no hubo pruebas en 237 kilómetros desde Pichi Huinca -donde está la toma- hasta Santa Rosa. Incluso el propio Verna llegó a admitir públicamente que no se efectuaron comprobaciones en algunos tramos.