En los próximos días el Gobierno anunciará la reglamentación del decreto presidencial 256, de febrero pasado por el que se reforzarán los controles de todo buque que transite entre puertos ubicados en territorio continental argentino, y en las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. En medio de la nueva escalada con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas, éste busca encarecer y desalentar las actividades hidrocarburíferas que británicos e isleños iniciaron en aguas de las islas en disputa de manera unilateral.
Pero ahora, la oposición buscar dar un paso más allá, y el diputado Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, acaba de presentar un proyecto de ley que busca ampliar los controles a todas las empresas que se vinculen a Malvinas y no sólo a las del sector petrolero. Afectaría, en principio a financieras, mineras y siderúrgicas.
Según confirmó a este diario el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Alfredo Atanasoff, el proyecto de Solanas podría comenzar a tratarse en los próximos días. Y cuenta con el aval de legisladores de diversas corrientes políticas, entre ellos Felipe Solá; Margarita Stolbizer, Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, y Miguel Bonasso.
En principio, el Proyecto de Solanas, dice que toda empresa para comerciar en Malvinas deberá pedir permiso a la autoridad competente. Indica que ningún accionista que esté actuando en territorio argentina podrá hacerlo al mismo tiempo en las Malvinas, y no sólo atañe a las petroleras. Aquí entra en juego la controversia por el banco Barclays, designado por Economía para gestionar la reapertura del canje de deuda y ligado a Desire Petroleum, que ya explora en Malvinas. En la Justicia hay una denuncia respecto a este vínculo. Barclays también tiene participación en la Minera La Alumbrera. El proyecto de Pino nombra también a la British Petroleum pero sin dar detalles.
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