El diputado de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas presentó ayer un proyecto de ley que prohíbe a cualquier empresa que opere en Argentina realizar actividades en las Islas Malvinas.
En la presentación del proyecto el cineasta criticó la "política pasiva" y la posición del Gobierno, que según Solanas "pone en riesgo los apoyos conseguidos en México", en referencia a los 32 países de la CALC que firmaron una carta avalando el reclamo de soberanía que Argentina realiza desde hace varias décadas.
Solanas calificó como una situación "vergonzosa" que el país no hubiera "dado de baja" al banco Barclays, luego de que Clarín revelara que la entidad financiera es accionista de Desire Petroleum, una de las empresas que comenzó las exploraciones para encontrar petróleo en las Islas.
Según establece el proyecto, las empresas tendrán un plazo de 30 días a partir de la publicación de la ley para decidir entre seguir trabajando con la Argentina o hacerlo con Malvinas.
En febrero de este año Cristina Kirchner ajustó los controles a las embarcaciones que quisieran transitar entre puertos argentinos y las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. El decreto 256/2010, obliga a esos buques a pedir autorización al Estado, pero Solanas fue más lejos.
El legislador explicó que su proyecto será tratado esta semana en la comisión de Energía y la próxima en la de Relaciones Exteriores y cuenta con el apoyo de Margarita Stolbizer, Felipe Solá y Ernesto Martínez, del Frente Cívico.
Claudio Lozano, que acompañó a Solanas en la presentación, dijo que la Argentina debería pedir a Chile, Brasil y Uruguay que no presten asistencia portuaria a los barcos involucrados en negocios con las Islas. Además propuso que las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y la Antártida sean declaradas patrimonio regional, para dar mayor fuerza al reclamo.
Al mismo tiempo y en una posición similar, el ex legislador Mario Cafiero hizo circular una iniciativa para instalar un debate que tienda a un cambio de la política de Estado en torno a Malvinas. Cafiero considera que mientras desde 1990 la Argentina no consiguió el Reino Unido avanzó en varios frentes: explotación pesquera, hidrocarburos, además de lograr que el tratado de Lisboa reconociera a las islas del Atlántico Sur en disputa como parte del Reino Unido.
De sancionarse la ley, pueden desatarse conflictos con muchas de las empresas inglesas que operan en Argentina y sobre todo con pesqueras extranjeras, que muchas veces operaron en aguas de Malvinas con licencias kelpers.

LA RELACION DEL GOBIERNO Y LAS PETROLERAS
¿Enemigos en las Islas y amigos en la Patagonia?
Por: Hipólito Solari Yrigoyen
Fuente: Presidente Convención UCR
Los petroleros ingleses son enemigos en Malvinas, pero buenos muchachos en la Patagonia, según la, por lo menos, extravagante y contradictoria interpretación de los gobiernos del matrimonio Kirchner, que entregaron el más importante yacimiento del país a una firma cuyo socio mayoritario es British Petroleum (BP), empresa que tiene su sede en Londres, adonde finalmente van a parar sus ganancias en la Argentina. BP es tan inglesa como lo son Desire Petroleum, la que contrató a la plataforma petrolera Ocean Guardian y su asociada Rockhopper Exploration y otras dos sociedades que se han unido para la exploración ilegal que se inicia en las Malvinas. Ninguna de estas empresas ha hecho nunca un reconocimiento de la soberanía argentina en nuestros archipiélagos australes, usurpados por el Reino Unido.
BP tiene el 60% de Panamerican Energy, a quien se adjudicó sin licitación alguna, en 2007, por 40 años el yacimiento de Cerro Dragón, que se extiende en Chubut (en su mayor parte) y en Santa Cruz a una ridícula regalía del 12%. Por el plazo, ha sido en la práctica una concesión a perpetuidad o hasta el agotamiento. Esta concesión es tremendamente perjudicial para la Argentina y las provincias afectadas por las cláusulas leoninas del contrato. BP empezó sus actividades en petróleo y gas en 1908 como Anglo Persian Oil Company en Irán, pero tras la nacionalización del petróleo en ese país, en 1951, adoptó el nombre actual.
Frente a acusaciones públicas que se le han formulado por sus vínculos con capitales petroleros que trabajan en Malvinas (ver Clarín del 13 de marzo), Panamerican Energy ha señalado que no tiene vínculos con las empresas vinculadas en la explotación en las Islas. Sin embargo, en el último balance de BP, fechado el 31 de diciembre de 2009, figura que Black Rock tiene el 5,93% de las acciones de BP.
BlackRock es la denominación comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. Su domicilio social es: 33 King William Street, Londres EC4R 9AS. Está registrada en Inglaterra con el N° 2020394. Esta empresa es un poderoso fondo de inversión que además del capital mencionado en BP también tiene capital accionario en las firmas que están trabajando en Malvinas. Al 30 de septiembre de 2009 BlackRock gestionaba activos globales por valor de US$ 3.2 billones. BlackRock ha unificado sus negocios de inversión y gestión con Barclays Global Investors, una firma emparentada con el Barclays Bank PLC.
Este banco es la entidad elegida por el Ministerio de Economía para hacer el canje de la deuda en marcha. Barclays Capital abrió su oficina de representación en Buenos Aires en 2006, ofreciendo servicios de banca de inversión a clientes de todo el país y a organismos oficiales. Barclays Capital es la división de banca de inversión de Barclays Bank PLC.
Cabe preguntarse ante estos enlaces que tiene el Gobierno y que tienen las empresas petroleras inglesas que operan en las Islas, ¿cuál será el límite de las advertencias de que no se permitirá que operen en la Argentina quienes lo hagan en Malvinas bajo la tutela de las autoridades coloniales? ¿Quiénes son los enemigos y cuáles son considerados buenos muchachos?