Un fondo nacional de lucha contra los problemas ambientales registrados por sobrepastoreo, desmonte y sequía; destinado a compensar a aquellas provincias como Río Negro, que están sufriendo estas consecuencias, fue planteado como proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación.
La propuesta surgió para beneficiar a jurisdicciones que hayan cumplido con el ordenamiento territorial previsto dentro de esta iniciativa, y a fin de permitirles llevar adelante tareas de mitigación y diagramar acciones a futuro para revertir los procesos de degradación de suelos.
Paralelamente, crea una figura innovadora que es la del "custodio ambiental", calificación que le corresponderá a los pobladores de zonas rurales o propietarios de campos que se comprometan a atender las sugerencias de organismos gubernamentales en el manejo sustentable de los recursos naturales. Este párrafo está ligado a evitar que se sigan diezmando montes para aprovechamiento agrícola o leñero.
La propuesta fue elevada a la Cámara Baja por Jorge Céjas (FpV) y cuenta con los acompañamiento de sus pares de la provincia, y de jurisdicciones patagónicas. Además fue analizado informalmente con las autoridades rionegrinas que dieron su aval, a excepción de que se le propondrá realizar una modificación para establecer beneficios equilibrados ya que el proyecto otorga ciertas ventajas a quienes más superficie productiva tienen. La idea es que se tome el caudal de beneficios por unidades productivas y no por superficie de campo, y así atender a los pequeños minifundistas que también se ven perjudicados por la cuestión climática o el sobrepastoreo.
Al referirse a la presentación, Céjas señaló que "la desertificación es un problema gravísimo que afecta casi al 75 por ciento del total del territorio nacional, si se toman en cuenta las zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Esta situación tiene hondas implicancias negativas no sólo en el sector económico, sino también social, político, demográfico y cultural de toda la Argentina.".
Continuó diciendo que "el proyecto rescata la importancia del compromiso de los habitantes con el ambiente que los rodea".
En los fundamentos del proyecto se estima que la población afectada es de aproximadamente el 30% del total nacional. En cuanto a cifras territoriales, más de 60 millones de hectáreas están sujetas a procesos erosivos que varían de moderados a graves, y cada año, se agregan 650.000 nuevas hectáreas a este registro. Cejas mencionó que "esta iniciativa surge por la necesidad de implementar políticas de Estado que fijen una ruta a seguir".