El pasado 14 de marzo nos sumamos al Día Internacional de Lucha contra las Represas y por los Ríos, por el Agua y la Vida. Ese día conmemoramos la Declaración de Curitiba, fruto del Primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas en 1997. En ese documento se exige la implementación de políticas energéticas y de recursos hídricos que promuevan el uso de tecnologías y prácticas de manejo sustentable, desalentando el derroche y el consumo excesivo y garantizando la satisfacción equitativa de las necesidades básicas. A su vez, se exige el fin de la construcción de represas hasta tanto se establezca una comisión independiente, que realice una revisión completa de todas las grandes represas financiadas o apoyadas por las agencias internacionales de crédito y cooperación.
Debemos destacar que muchas veces la energía hidroeléctrica es considerada una tecnología "amigable con el ambiente". Sin embargo, estudios científicos indican que la descomposición de la materia orgánica en los embalses produce cantidades significativas de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.
Al comparar las plantas hidroeléctricas con otras fuentes de generación de energía se deduce que el impacto puede ser mucho peor que el provocado por las plantas más sucias de combustible fósil.
Por otra parte, las represas son consideradas un símbolo de la dominación del hombre sobre la naturaleza. Sin embargo, el impacto ambiental y humano es nefasto: aniquilación de los ríos y sus ecosistemas, inundación y destrucción de tierras fértiles, pérdida de sustento para muchos pueblos, expulsión de poblaciones de sus asentamientos originarios, desintegración cultural y empobrecimiento de estas comunidades
Es nuestra intención alertar entonces sobre los efectos devastadores que los proyectos hidroeléctricos en las cuencas de los ríos de llanura pueden tener sobre la biodiversidad, en un proceso donde Sudamérica, con la riqueza de sus recursos naturales, no ha quedado ajena. Cerca de 1.000 represas existen en nuestro continente, y en nuestro país se cuentan unas 130, de las cuales 96 pueden calificarse de "grandes represas", según la denominación internacional.
Peor aún, algunas megaobras como Yacyretá son casos paradigmáticos no solo por sus dimensiones, capacidad de producción y efectos (1.600 km2 de espejo de agua, potencia instalada total de 3.200 MW) sino también por los hechos de corrupción suscitados en su construcción y administración.
Consideramos que la revisión del modelo energético en su conjunto tiene un carácter estratégico, ya que no debe plantearse como una solución coyuntural sino que debe orientarse desde una perspectiva de solidaridad intergeneracional. En este sentido, resaltamos como alternativas a las energías limpias, como la eólica y la solar, y la gestión sustentable de los recursos.
Hoy más que nunca creemos en la necesidad de consensuar e impulsar políticas públicas activas que vayan por delante de los hechos y apunten sin pérdidas de tiempo a la generación de un nuevo modelo energético, incorporando fuentes de energía renovables y considerando que la sustentabilidad de la que hablamos también implica la participación ciudadana en la construcción de políticas energéticas.

(*) Diputado provincial