La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Guanajuato firmaron un convenio para garantizar al municipio de León la dotación de agua proveniente de la presa El Zapotillo –que se edificará en el municipio Cañada de Obregón, Jalisco– en medio de protestas de habitantes de las localidades que serán afectadas por la obra.
La construcción no se detendrá y el gobierno de Jalisco expropiará las tierras de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasio, del municipio Cañada de Obregón, informó José Luis Luege Tamargo, director de la Conagua, durante la reunión con el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, con quien firmó el llamado Acuerdo de entendimiento para el suministro, entrega de agua en bloque y garantía del proyecto acueducto Zapotillo, Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato.
“Oliva, la presa no es buena medida” y “la tierra no se vende, se ama y se defiende”, gritaban fuera de donde se firmó el acuerdo habitantes de Temacapulín e integrantes de organizaciones sociales que rechazan esta obra , la cual dotará de agua a León, Guadalajara y los Altos de Jalisco.
Al menos cuatro manifestantes entraron al hotel donde se efectuaba el acto y durante unos minutos mostraron pancartas y gritaron consignas.
Con la construcción de El Zapotillo el gobierno federal viola los derechos humanos de los pobladores de Tamacapulín, Acasio y Parmalejo, destruirá el cauce natural del río Verde y causará daños ambientales y a los sistemas hídricos, dijeron los activistas.
“Hay una resistencia muy fuerte. No venderemos nuestras casas. En Temacapulín estamos decididos a no salirnos. A ver si el gobierno se atreve a inundarnos; no tenemos miedo”, dijo Alfonso Íñiguez Pérez, secretario de la agrupación Salvemos Temaca.
La Conagua no tiene estudios de impacto ambiental, permiso de uso de suelo para construir la cortina y tampoco la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para reubicar tres templos de 250 años de antigüedad, detalló el activista, habitante de Temacapulín.
La presa El Zapotillo tendrá un costo de casi 8 mil millones de pesos y captará más de 500 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 120 serán enviados a Guanajuato y 151 a Jalisco.
Las 350 personas que viven en las tres comunidades serán indemnizadas y “estarán ubicadas al lado del embalse. Van a tener el usufructo, por así decirlo, de la propia presa”, dijo Luege.
El daño que provocará la obra, agregó, es “relativo” porque beneficiará a más de dos millones de personas y afectará a unos cientos. “Por eso pido comprensión. El proyecto va para adelante.”
En dos años y medio estará terminada la cortina. En ese tiempo el gobierno de Jalisco tendrá que haber comprado o expropiado las tierras de las comunidades de Temacapulín, Acasio y Parmalejo.
“La Conagua se compromete a hacer los pagos de la construcción de la cortina, de todo el proceso licitatorio”, añadió Luege.