Frente al avance indiscriminado de la megaminería en la zona glaciar y periglaciar, necesitamos de manera urgente establecer por ley los presupuestos mínimos para su protección como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de las cuencas hidrográficas del país.
Aproximadamente el 70 por ciento del agua dulce está almacenada en los glaciares. Su preservación es fundamental para el caudal de los principales ríos que recorren el país de oeste a este, la regulación de la temperatura global y la disponibilidad de agua.
En años de escasa precipitación en la Cordillera, los glaciares andinos suministran hasta el 70 por ciento de los caudales de los ríos Mendoza y San Juan. Es decir que, de no contar con ellos, esas provincias -y, por su participación en el sistema hídrico nacional, todo el país- dependerían exclusivamente de las precipitaciones para acceder al agua y subsistir.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que entre 1912 y 2002, los glaciares al nordeste de la Patagonia han sufrido un drástico retroceso. Asimismo, durante 2008 algunas regiones en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile padecieron su peor sequía en más de 50 años.

A un año del veto
Una ley de protección de glaciares es necesaria frente a la proyección de la megaminería. Las explotaciones de oro y plata en Veladero y Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, son un ejemplo. En relación con la primera, acciones judiciales acusan a la empresa de haber omitido la mención de 32 glaciares en la zona del Valle del Cura. En el caso de Pascua Lama, la Dirección General de Aguas de Chile señala que los glaciares en la zona de influencia del proyecto disminuyeron en promedio 70 por ciento, incluyendo en algunos casos su total desaparición. Esto sólo en las actividades de prospección y exploración.
Frente a este escenario, resulta oportuno nuevamente afirmar que la minería de oro a gran escala a cielo abierto en zona glaciar y/o periglaciar debería prohibirse.
Además de las intervenciones directas, el polvo en suspensión que genera la actividad se deposita en la superficie de los glaciares y disminuye su capacidad refractaria. Esto acelera hasta en 50 por ciento su tasa de fusión o derretimiento. Es imposible cortar un glaciar y trasladarlo, como proponía una de las empresas con el fin de evitar su perjuicio.

¿Por qué, a más de un año del veto presidencial, seguimos sin ley?
Numerosas agrupaciones continúan abogando por la ley vetada. Salvo un tratamiento sobre tablas, las comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores serán cruciales. La Comisión de Minería de Diputados eligió como titular al diputado kirchnerista y sanjuanino Daniel Tomas. El panorama no es alentador. Por su parte, la presidencia de la Comisión de Minería del Senado fue otorgada al opositor Juan Agustín Pérez Alsina (Salta-Partido Renovador).
Voluntades
Es preciso que nuestros representantes avancen en la protección de nuestros recursos naturales estratégicos. La preservación del agua dulce y el acceso a ella fundado en criterios de justicia social son obligación inexcusable.
Los hechos de Andalgalá demuestran que hemos comenzado como pueblo a tomar conciencia de nuestra soberanía ambiental. Los argentinos hemos sumado en sólo unos meses más de 160 mil firmas en apoyo a la ley vetada, en el convencimiento de que iniciamos la construcción de una Argentina soberana frente a los intereses extranjeros.

*Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha)