Luego del pedido de un grupo de productores para que se revisen las leyes ambientales y de uso del agua, el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, recibió ayer al administrador del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), Mario Rujana, con quien dialogó sobre distintas aristas de los recursos hídricos y las acciones en pos de una nueva legislación sobre agua y ambiente. La charla giró en torno a la necesidad de normas que brinden “reglas claras y seguridad jurídica” para las inversiones que se realicen en el sector agropecuario. Rujana indicó que se prevé realizar una revisión de la normativa de las cuales el organismo es autoridad de aplicación.
En el marco de la reunión, el titular del Icaa confirmó que se iniciaron conversaciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación para articular institucionalmente el análisis de la actual disposición y efectuar las modificaciones acuerdo a la experiencia en la instrumentación e implementación. Con esta iniciativa buscan agilizar la gestión hídrica en el ámbito rural tanto para obras públicas como privadas y en especial siguiendo los principios rectores de política hídrica elaborado en el seno del Consejo Hídrico Federal (Cohife).
Cassani, por su parte, escuchó atentamente lo relatado, y comentó detalles de la reunión mantenida con ruralistas un día antes, donde éstos cuestionaron algunas de las leyes ambientales vigentes y especialmente con algunos puntos del Decreto Ley de Código de Aguas. Para éste, solicitó aclaraciones específicas a fin de realizar luego un juicio de valor sobre lo escuchado.
“Es importante que tanto, los técnicos del Icaa como las partes interesadas en estos temas, además de los legisladores, podamos debatir seriamente y con fundamentos valederos los cambios a efectuar en las normativas”, dijo Cassani, quien agregó que “la idea es que todos tengan participación y sin excepciones sean escuchados y comprendidos”. En este marco, el legislador afirmó que quedó pendiente de definición la fecha y horario de un nuevo cónclave ampliado a los demás miembros de la Cámara Baja.
El administrador del Icaa también informó de las adecuaciones en materia ambiental, como la evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 5067) en concordancia con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para Bosques Nativos (Ley Nº 25675) para lograr un desarrollo sustentable y la dinamización de la gestión ambiental. Rujana sostuvo que esto se debe a la “necesidad de contar con una legislación moderna que fije reglas claras para articular mecanismos administrativos y técnicos que sirvan como elementos para brindar seguridad jurídica a las inversiones vinculadas con el sector industrial, agropecuario y de servicios, así como integrar la gestión ambiental con municipios para la temática de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos”.

Ambientalistas en alerta
La ONG Salvemos al Iberá expresó su alerta luego de la reunión llevada a cabo el miércoles entre dirigentes arroceros, ganaderos y empresarios forestales con el titular de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani. Los ambientalistas consideraron que el encuentro sirvió para que “la legislatura provincial modifique las leyes ambientales”.
“El incumplimiento de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, del Código de Aguas y de otras regulaciones ambientales que rigen sobre la Reserva ha sido la norma en los negocios emprendidos por unos pocos arroceros en la zona. Nuestras sostenidas denuncias sacaron a la luz estas irregularidades: robo de agua, extracción de recursos de uso público para el beneficio privado, modificación del territorio, etc”, señala un comunicado emitido ayer por el grupo ecologista.
“Ahora, los mismos sectores, ante nuestras denuncias y pruebas que demuestran la ilegalidad de numerosas actividades dentro de la Reserva, proponen unánimemente la modificación de la leyes ambientales violadas. Hubiéramos esperado que estos sectores declararan de manera unánime su repudio a los pocos que violan las leyes ambientales, que quienes están en incumplimiento de la ley cambiaran su actitud y que los sectores que los representan en su conjunto buscaran obtener sus ganancias sin impactar en el medio ambiente y, desde ya, aplicando la ley”, sostuvieron.
Por último, señalaron que “afirmamos y sostenemos que un Iberá íntegro, con sus recursos naturales protegidos y bajo un modelo de desarrollo sustentable con las normas actuales tiene el potencial de generar más desarrollo y bienestar a las poblaciones que lo integran que el actual modelo de concentración y exclusión social que hoy llevan acabo los pocos que quieren alivianar las leyes ambientales”.