La batalla judicial entre el Gobierno provincial y la empresa Aguas de La Rioja será larga y uno de sus capítulos más interesantes será el cobro del Fondo de Garantía que existía en el contrato de concesión del servicio firmado en los primeros años de la década pasada.
Tal como adelantara NUEVA RIOJA hace varios meses, el Gobierno provincial pretende cobrar el seguro de caución que establece el contrato de concesión, pero por el momento no aparece el documento escrito que acredite la obligación del pago.
Desde el Ente Único de Control de las Empresas Privatizadas (EUCOP), el presidente Félix Moya, aclaró que solicitaron información sobre la póliza al Ministerio de Economía de la Provincia.
"Todavía el seguro no aparece, de todos modos tenemos un año para cobrar el seguro ante la empresa aseguradora, entonces hay tiempo para solucionar el tema", dijo el funcionario provincial cuando NUEVA RIOJA lo consultó la semana pasada sobre la situación planteada.
Moya aclaró que el organismo continúa trabajando en este tema, que tomó estado público cuando se conoció la decisión del Gobierno provincial de rescindir el contrato y los diputados de la oposición denunciaron el hecho ante la prensa.

Seguro
El contrato de concesión del servicio de agua potable en los departamentos Chamical, Capital y Chilecito, determinaba que la empresa concesionaria debía pagar un seguro de caución.
"El seguro era para que el Estado provincial cobrara en caso de algún problema con la concesión, era para cubrir eventualidades de daños hacia el Estado por parte de la empresa", comentó un funcionario consultado en las últimas horas.
En este sentido, NUEVA RIOJA pudo confirmar que el Estado comprobó que la ex concesionaria pagó el seguro de caución hasta el año 2008, pero por el momento no se pudo ratificar que lo mismo haya ocurrido durante el 2009, aunque existen indicios de que los pagos estarían al día.

Proceso
La falta de la documentación no sería un obstáculo para el cobro del seguro. En el Gobierno riojano confían que al presentarse ante la empresa aseguradora la institución también tendrá sus propios comprobantes del pago por parte de la ex concesionaria del servicio de agua potable durante diez años. "Es como cualquier otro seguro, si vos perdés el comprobante de pago podés presentarte ante la empresa y reclamar que de todos modos te admitan el planteo de cobro", comentaron desde los equipos técnicos legales de la Provincia.

Empresa
La empresa con la cual se contrató el seguro de caución es American Brokers (ver recuadro), quien sería la encargada de abonar los cinco millones de pesos solicitados por el Gobierno provincial ante la denuncia del incumplimiento del vínculo legal por parte de la empresa concesionaria del servicio.

American Brokers
Hasta el momento no se conocía cuál era la empresa aseguradora a la cual se le pagaba el seguro de caución por parte de la empresa Aguas de La Rioja, anterior titular de la concesión del servicio de agua potable en los departamentos Chamical, Chilecito y Capital. NUEVA RIOJA pudo confirmar que la empresa aseguradora es American Brokers S.A, que tiene domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero de la cual no se pudo obtener mayor información. Ante esta institución el Estado provincial deberá iniciar el trámite administrativo para cobrar los cinco millones de pesos que el seguro de caución establecía en caso de algún inconveniente con el vínculo legal entre la Provincia y Aguas de La Rioja.

CAUSA JUDICIAL
Cómo se gastaron los recursos y quién tiene la responsabilidad
Además de la búsqueda del Fondo de garantía y de la posibilidad de cobrar los cinco millones de pesos, el Gobierno provincial se presentó a través de la Fiscalía de Estado en la Justicia provincial.
El Gobierno riojano sostuvo en su denuncia que la empresa concesionaria del servicio de agua potable habría cometido el delito de fraude.
Esta acción judicial fue tomada en cuenta por los fiscales, que citaron a varios funcionarios provinciales que intervinieron en la unidad operativa que se hizo cargo de la empresa y también realizó oficios dirigidos hacia para el Ente Único de Control de las Privatizadas (EUCOP) y el Ministerio de Economía de la Provincia.
En ambos casos quieren conocer si la empresa concesionaria cumplió con el plan de obras y si los fondos destinados a la empresa por parte del Estado cumplieron su objetivo.
La acción judicial puntualiza en el titular del grupo empresario, Jorge Chamas, pero hace la salvedad de se deberían investigar a otros miembros de los Directorios y cualquier otra persona que pudiere surgir de la investigación la necesidad de imputar.