El aumento del abono del agua propuesto por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), que deja atrás la tarifa plana para pasar a una segmentación de acuerdo al consumo, medido o asignado, sigue dando que hablar. Hasta el momento, las más cautas fueron las autoridades provinciales, que esperan dar pasos resolutivos, y las más comunicativas, las asociaciones de usuarios quienes fijaron distintas posturas al respecto. También los legisladores terciaron en el tema.
?“Confiamos en que el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente tome en cuenta las posiciones mayoritarias en las audiencias públicas y no insista con la suba del 87 por ciento”, aseguró el diputado provincial Pablo Javkin. Además, evaluó como positiva la resolución del ente, que recoge las propuestas realizadas en las dos reuniones públicas donde representantes de distintos actores sociales analizaron el pedido de incremento en el servicio que presta la empresa Aguas Santafesinas (Assa).
Para Javkin, la resolución del Enress sobre la actualización tarifaria de Assa es representativa de las opiniones y propuestas vertidas en las audiencias públicas convocadas por el organismo regulador. “Celebramos que se haya tenido en cuenta la necesidad de segmentar la tarifa, de impulsar un plan de micromedición y de pedir el cronograma de obras ”, detalló.
Semanas atrás, el propio
Javkin también habló de segmentación en la audiencia pública. En esa ocasión, hizo hincapié en discriminar el tipo de usuario. “Propusimos distinguir entre residenciales y comercios e industrias, diferenciando lucro y consumo”, recordó.
Coincidencias. La Unión de Usuarios y Consumidores también se alineó con la propuesta del Enress. “Estamos de acuerdo en general con la resolución porque es el primer indicio de cambio”, explicó a La?Capital, Valeria Vaccaro, portavoz de esa entidad. Apuntó a la iniciativa de terminar con la tarifa plana que sólo permite calcular aumentos generalizados, aunque admitió que debería complementarse la idea con un programa de casos sociales superador del actual que sólo se basa en la línea de indigencia. Para ella, deberían haber situaciones de excepción transitorias o permanentes.
“Un jubilado puede vivir en un inmueble de 150 metros cuadrados que ocupa desde toda la vida, pero no estar en condiciones de afrontar con un haber mínimo”, argumentó Vaccaro para ejemplificar los puntos de divergencia. Ayer, otro espacio que defiende los intereses de los usuarios, el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), adelantó que no comparte las conclusiones del ente ya que replican, a pesar de la segmentación, los criterios que en la actualidad aplica Assa para facturar: las superficies
construidas.
Planteos. En su edición del miércoles, La?Capital reflejó la opinión de Assa sobre la iniciativa del Enress. “Interesante, pero no alcanza para cubrir el déficit operativo”, dijo entonces el titular de su directorio, Alberto Daniele. “No es aceptable trasladar el desfasaje económico directamente a la tarifa de los usuarios”, retrucó Javkin. Y pidió revisar la composición de la masa crítica de la mencionada distorsión.
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