En la provincia, se ha renovado el necesario debate sobre la micromedición en el servicio de producción y distribución de agua potable en el área concesionada a la empresa estatal Aguas Santafesinas SA.
El criterio de procurar que los usuarios paguen por lo que efectivamente consumen y no por un denominado “volumen asignado” lleva ya años de reclamos, recomendaciones, planes de inversiones, promesas y, lamentablemente, muy pocos avances.
Conviene revisar qué dice el marco normativo vigente sobre el costo del equipo para medir los caudales y su instalación: por una parte, se establece el derecho de los usuarios a pedir a la empresa la instalación del caudalímetro y, en ese caso, es el solicitante quien debe abonar un cargo extra; por otra, a Assa le asiste la potestad de recurrir a la micromedición (a su costo) cuando supone que en un inmueble, no importa si se trata de una vivienda, un comercio o una industria, se consume más de lo que indica el valor asignado. El medidor de caudales fue uno de los temas centrales para los privatizadores de los ‘90. No es cierto que la idea de lograr que los usuarios paguen por lo efectivamente utilizado haya sido resignada al liquidarse la vieja Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos). El problema es que esa meta del contrato de concesión -como otras tantas- no fue alcanzada por el prestador de los servicios sanitarios de entonces, liderado por el grupo Suez.
Una polémica previa al inicio de la concesión giró alrededor de la conversión de los metros cuadrados de la superficie cubierta de los inmuebles en metros cúbicos asignados, el volumen presunto de consumo. De esa arbitraria conversión fue objeto cada uno de los inmuebles servidos en los 15 distritos concesionados. Debe recordarse que la licitación para la concesión por 30 años (el privado duró sólo 10) no contemplaba canon, sino inversiones, y que los oferentes compitieron por ofrecer el menor precio del metro cúbico de agua.
Santa Fe vive -como en 1993 y 1994- la polémica respecto de si es o no conveniente que cada usuario cuente con un medidor. Como si no hubieran pasado más de 15 años. Lo saludable es que esta vez ha sido el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios el que la ha promovido al celebrar las audiencias públicas sobre las tarifas de Assa, y al incluir el tema en su resolución alternativa a la solicitud de la empresa.
El Enress quiere que se instalen 100 mil medidores en el corto plazo, para atender el derecho de los usuarios que lo han reclamado, y que se elabore un plan para su instalación masiva, en un esfuerzo de mediano y largo aliento: diez años.
Si el controlador, los usuarios y la propia Assa saben cuántos litros de agua se producen, cuál es su costo y cuántos efectivamente se logran facturar, podrá cuantificarse la eficiencia del prestador. Es con esos parámetros que las cooperativas en el interior de la provincia pueden sostener sus prestaciones: cobrando a cada socio lo que consume. De todas formas, es cierto que -como advierte la conducción de Assa- los caudalímetros y su colocación tienen un costo que terminará por pagar el usuario.