Dentro de cuatro días, comenzará a hacerse efectivo, Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) comenzará a aplicar en las boletas de su servicio el aumento anunciado, el cual, a final del presente año, se elevará al 87%.
Como consecuencia, el Ente Regular de Servicios Sanitarios (ENRESS) le envió al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la visión recogida en las dos audiencias realizadas a principios de este mes en la ciudad de Rosario y en Santa Fe.
En la propuesta se dejaron asentadas tres consideraciones fundamentales para efectivizar el 87% de incremento que pidió el Ejecutivo para equilibrar las cuentas de ASSA. Que el aumento de la tarifa "no sea igual para todos"; que "haya una política de micro medición, es decir que se coloquen medidores para que sea más justo el cobro" del líquido; y que "la empresa tenga un plan de obra acorde a los requerimientos de los usuarios".
La intención es clara: que el Gobierno provincial deje de subsidiar de manera indiscriminada al servicio, y comenzar a gravar a aquellos que más consumen. En otras palabras: quienes consuman más, paguen más y los que lo hacen en menor medida, no se vean tan afectados por esta decisión.
La respuesta de la empresa estatal no se hizo esperar: el titular de la empresa, Alberto Daniele, manifestó que es interesante la propuesta de escalonar la tarifa de acuerdo al consumo como propone el ENRESS pero que eso "no cubriría el déficit operativo de la compañía". De acuerdo al funcionario, el desfasaje es de un 129% y el aumento propuesto llega "tan solo" al 87%.
Ahora bien: ¿qué es más progresista? ¿Mantener un régimen en donde se cobra una tarifa plana por metros de superficie de la vivienda, taller o galpón, viva en el sector que viva esta familia? ¿O cobrar de acuerdo a su posición económica, dada por la ubicación y los niveles de consumo? ¿Es válido el planteo de la necesidad de que la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima sea autosustentable? Sí, es válido, aunque discutible, porque el Estado debe proteger el servicio dado que es un derecho humano y como tal, debe acercarlo incluso a aquellos que no tienen el dinero suficiente como para proveérselo. Siguiendo esta lógica, la subvención por parte de las arcas de la Provincia en torno al servicio se vuelve relevante, puesto que es una manera de entender que el servicio debe continuar, cualquiera sea el costo monetario, puesto que el costo sanitario es mucho más alto. Algo similar ocurre en la ciudad con el servicio de transporte urbano de pasajeros, en donde oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de mantenerlo, pese a que es deficitario.
¿Pero lo tiene que ser en lo inmediato? Aquí las respuestas no son tan claras.
Lo correcto sería que desde la administración provincial se le destine al servicio sanitario una determinada cantidad de dinero. Obviamente, nunca será suficiente, pero esto pasa ya por una decisión política que debe tomar un Gobierno que ha sido elegido por el pueblo para ello.
Pero, aquí, lo que hace falta en realidad, es que ese dinero no se envíe necesariamente a las arcas de ASSA, en donde se perderá el dinero en subsidios. Si este Gobierno quiere adoptar una medida realmente progresista, debería apostar todo su dinero en un plan de micromedición del recurso que ellos mismos reconocen como agotable, pero, sin embargo, le entregan al consumidor un cheque en blanco para que lo gaste como más le plazca.
Para muestra, basta con mostrar cómo se difundió la información con respecto a los altísimos niveles de consumo que se tienen en la Provincia, el pasado 22, para el Día Mundial del Agua. Guillermo Lanfranco, gerente de Relaciones Institucionales de ASSA, mencionó que en nuestra capital provincial, cada habitante consume unos 450 litros al día. Rosario, 550 litros. Son cifras mucho más elevadas de lo que indican los estándares internacionales, ubicados en los 250 litros diarios por persona. En Rafaela, se consumen habitualmente unos 300 litros diarios por persona y tiene un máximo de capacidad de gasto (a diferencia de lo que ocurre con las otras dos localidades, que tienen al río Paraná como uno de sus límites naturales) de 375.
La única ciudad ejemplo es Capitán Bermúdez, que no llega a 200 litros por persona por día. Allí desde hace 30 años tienen toda la ciudad con medidores. Rafaela tiene sólo un 30%.
Cuando hace unos meses, desde el oficialismo se le reclamó por un plan de micromedición en la ciudad, para disminuir estos niveles de consumo, se le replicó que habría que hacer una inversión millonaria para esto, sólo en nuestra ciudad.
La pregunta que queda pendiente es: ahora que van a conseguir el dinero, ¿lo destinarán para ello, tomando de esta manera una decisión realmente progresista?