A la Argentina y Gran Bretaña les iría mejor si hubiese más negociación y tareas compartidas. El desminado definitivo de las Islas sería una prueba.A casi tres décadas de la guerra argentino-británica las islas Malvinas -y los isleños-padecen las consecuencias de la existencia de unas 20.000 minas (la gran mayoría de ellas colocadas por la Argentina) y áreas afectadas por el lanzamiento de municiones en racimo (usadas por Gran Bretaña). Con argumentos distintos Londres y Buenos Aires solicitaron en 2009 una prórroga de 10 años para cumplir con las obligaciones que ambos contrajeron al firmar y ratificar el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales de 1997 -más conocido como la Convención de Ottawa y que entró en vigor en 1999.
En años recientes se venían produciendo avances en este sentido; en 2001 Argentina y Gran Bretaña anunciaron la realización de un estudio de viabilidad para llevar a cabo esa tarea. En 2007 la Universidad de Cranfield informó que la investigación se había concluido y que el desminado completo, si bien era una tarea muy difícil, resultaba factible. Entre esa fecha y hoy sucedieron hechos que afectaron las posibilidades de acciones convergentes y positivas entre los dos países respecto a las islas: en 2007 Argentina dio por terminada la Declaración Conjunta de Cooperación de 1995 sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, mientras que en febrero de 2010 Londres adoptó una nueva decisión unilateral en materia de exploración petrolera en las islas.
Un modo de recuperar gradualmente el sendero de confianza bilateral y de mejorar efectivamente la situación de los isleños -sin alterar el reclamo de soberanía del país- es que la Argentina tome la iniciativa y proponga, por ejemplo, un esquema operativo de desminado compartido en las Islas Malvinas. El país posee una bien capacitada Unidad de Desminado Humanitario en el marco de las Fuerzas Armadas y ha calculado un presupuesto de unos $250 millones para desminar. La idea sería comprometer a Gran Bretaña en la limpieza de todas las minas y procurar, conjuntamente con Londres, la identificación de los recursos para materializar esa labor.
En esencia, se trata de mostrar y comprobar que la Argentina es un país que quiere resolver pacíficamente la controversia con el Reino Unido sobre las islas, contribuir a la prosperidad de los isleños y asegurar, a través de una diplomacia seria, sus justos títulos sobre Malvinas.
Una razonable estrategia de cooperación exige capacidad innovadora, liderazgo constructivo y rendición de cuentas. Existe un conflicto real con Gran Bretaña que debe resolverse: los problemas territoriales que se prolongan sólo se degradan. Varios actores internos, externos y transnacionales pueden ganar más con la perpetuación de las fricciones y la repetición de ciclos de tensión.
Sin embargo, a la inmensa mayoría de las partes envueltas en esta disputa irresuelta les iría mejor si hubiese mejor comunicación, más distensión y mayor negociación. Como la cooperación resulta de una elección propia y de unas circunstancias propicias, la Argentina debe escoger, diseñar e implementar una estrategia cooperativa.
El desminado definitivo de las islas Malvinas sería una buena prueba de que ese será el largo camino que transitará nuestro Estado y la sociedad civil.