Según datos del Censo 2001, el 84% de los hogares tienen acceso a agua de red y sólo el 55% a desagües cloacales. Porcentaje un 10% por debajo de lo que la OMS recomienda. Existen, además amplias diferencias entre las provincias. En el Área Metropolitana bonaerense no hay escasez de este recurso por la cercanía del Río de la Plata que generada agua dulce cruda de superficie casi inagotable con alta capacidad de absorción de residuos cloacales depurados. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires accede casi el 99% (sin contar a residentes de asentamientos precarios, villas y/o NHT), mientras que en GBA lo hace cerca del 75%. Esta región posee otros problemas como gran asignatura: la alta contaminación de las cuencas que la atraviesan, (ríos Matanza-Riachuelo, Reconquista, ribera del Río de la Plata).
Otras regiones de nuestro país, con excepción de la Mesopotamia que dispone de caudalosos ríos (Paraná, Paraguay y Uruguay), no tienen la suerte del acceso a buenas fuentes de agua. Son la Pampa Húmeda no ribereña del río Paraná, la zona serrana central, el Chaco interior, la Patagonia, Cuyo y el NOA, que dependen de limitadas fuentes de agua dulce cruda de superficie, subterránea o de deshielo, y sus ríos tienen baja capacidad de absorción de desechos cloacales; lo que limita la disponibilidad de agua potable o para uso agrícola, y aumenta los costos de potabilización y de tratamiento de aguas servidas.
El cambio climático, que afectan ecosistemas agravará este panorama de escasez. Por ejemplo, el acelerado retroceso de los glaciares andinos o la desertización de diversos lugares como consecuencia de la expansión de la frontera agropecuaria realizada a costa de los Bosques Nativos, y la utilización de tecnologías de explotación del suelo con uso intensivo de agroquímicos contaminantes de las napas freáticas. El derretimiento de los hielos antárticos que se acelera, tendrá también su efecto en el Río de la Plata por la suba del nivel del océano Atlántico con lógicas consecuencia en la ribera de Buenos Aires, su desarrollo urbano y ecosistema.
Las sequías e inundaciones de los últimos tiempos también indican estos cambios. Todos los sectores, tanto del Gobierno como de la sociedad civil, debemos aunar esfuerzos, para llevar una agenda común sobre los temas que atañen a la protección, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y al saneamiento, en pos de realizar acciones para una profunda discusión de los problemas, establecer el grado de importancia y generar los consensos para llegar a las poblaciones más vulnerables e, incluso, proponer medidas de carácter transitorio para tales comunidades.
Algunas acciones ya dispuestas comienzan a dar frutos. Son los casos del Consejo Hídrico Federal; la readecuación de varios marcos regulatorios en distintas provincias; el dictado de la ley de gestión ambiental de aguas de la Ciudad de Buenos Aires y/o los debates en torno a la protección de glaciares y a la adecuación de la ley nacional de gestión de aguas.
Los debates deben orientarse hacia dos direcciones: alcanzar el pleno abastecimiento de todos los habitantes de nuestro país con agua segura y establecer los marcos jurídicos necesarios para la protección y aprovechamiento del recurso.