Es una buena noticia que en Entre Ríos el servicio de agua potable esté a cargo de operadores locales y, entonces, los usuarios tomen contacto generalmente con gente de carne y hueso, no con una voz en el teléfono. El problema es la enorme dispersión de prestadores, la falta de un trabajo integrado y de control interjurisdiccional de lo que se deduce una dispar calidad, las enormes diferencias de capacidad financiera entre ellos y hasta las diversas figuras jurídicas a las que estas organizaciones responden, a veces como empresa cooperativa, otras como una repartición pública más.
En los ‘90 el Estado federal se desentendió de la prestación del servicio de agua potable: Obras Sanitarias lo cedió a la Provincia y la Provincia los transfirió a los municipios, sin recursos ni planificación.
En general, los municipios de primera categoría son quienes prestan el servicio en sus ciudades, a partir de la estructura de una dirección. En las que no, al igual que en los municipios de segunda categoría, suele haber una cooperativa, descapitalizada en muchos casos, deficitaria, con escasa capacidad para mejorar la infraestructura. Por último, en pequeñas localidades gobernadas por Juntas, todo queda en manos de lo poco que pueda hacer su presidente, de cooperativas extremadamente modestas, raquíticas, o de extensiones de cooperativas que sirven a localidades vecinas y, si no hubiera otra alternativa, directamente de la Provincia.
En muchos casos, la inversión inicial a realizar es un pozo de donde tomar el recurso, un tanque de importantes dimensiones y cañerías de PBC. En etapas, no parece demasiado oneroso. El asunto, luego, es verificar la calidad del agua, planificar armoniosamente en base al crecimiento de la comunidad y, fundamentalmente, imaginar en el tiempo modos mejores de abastecerse y tratar el fluido.

DESPROPÓSITO. Sin ir más lejos, en la provincia —que no tiene semejante nombre en vano— sólo un puñado de ciudades entre las más densamente pobladas captan agua de los grandes ríos. Sin ir más lejos, localidades como La Paz o Diamante que es imposible pensarlas sin su vínculo con el Paraná, el segundo río más caudaloso del mundo, toman el recurso de un pozo. Todo un despropósito.
Por fuera de la paradoja, el uso discrecional de las aguas subterráneas plantea también un problema, toda vez que el acuífero que oficia de fuente puede estar afectado por la presencia de pozos negros y, en algunas zonas, como en el sur de Nogoyá, en Gualeguay y en el Delta, el terreno puede contener un alto contenido de minerales no compatibles con el consumo humano.
El servicio cloacal está siempre en manos de los municipios, sencillamente porque no es rentable. La norma es que haya redes aquí y allá, en permanente expansión, pero no plantas de tratamiento, con lo cual lo habitual es arrojar los líquidos a los cursos de agua cercanos. Se advierte con claridad en la costa del Paraná, pero en la costa del Uruguay es problema es mayor aún porque hay un nutrido grupo de localidades de alguna importancia pero, además, el Río de los Pájaros tiene un caudal mucho menor al del Paraná y, por lo mismo, una capacidad de asimilación inferior.

Para destacar
Ciudades recostadas sobre el gran río Paraná, como La Paz o Diamante, se proveen de agua subterránea mediante pozos.
El servicio de cloacas está en manos de los municipios, que se hace cargo por la sencilla razón de que no son rentables.
En la década del ’90 la Nación se desentendió de la prestación del servicio de agua potable y lo transfirió a la Provincia. Ésta se lo quitó de encima y pasó la responsabilidad a los municipios.
La calidad del agua es dispar en todo el territorio entrerriano debido a la diferencia financiera de los estados municipales.

Paper reservado y política de Estado
Lo que hay que hacer es tanto desde el punto organizativo, de la planificación y de la inversión lisa y llana, que la situación de los servicios de agua potable y cloacales debieran ser tomados como una política de Estado, que trascienda los límites de la presente gestión. Sólo así se alcanzará un estándar mínimo de calidad suficiente y homogénea.
En rigor, este diagnóstico no es ajeno al gobierno provincial. Es más, hay un paper de trabajo que circula de manera restringida, un borrador que incluso contiene mayores detalles, localidad por localidad, de aquello con lo que se cuenta, junto a lo que está pendiente y se considera necesario.
Surge en ese contexto la necesidad de conformar un área de gobierno, monitoreo, evaluación y propuestas, organizado en base a un Ente Regulador que unifique los controles y, en paralelo, un área de planeamiento, diseño y ejecución de proyectos, que podría surgir de la reconversión de la actual Dirección de Obras Sanitarias. Una de las cuestiones a resolver seguramente será la fusión de operadores, sobre todo entre las de raíz cooperativa, hasta que logren una ecuación que las torne viables.

FALENCIAS. Después aparece la cantidad de proyectos a desarrollar. Según una carpeta a la que EL DIARIO tuvo acceso, las obras a realizar demandan una inversión de un volumen que roza lo escandaloso, tanto que no tiene sentido práctico considerarla. Lo interesante, en todo caso, es que las autoridades declaran que una planificación plurianual, a diez años vista, les está permitiendo “atacar” las falencias enormes en infraestructura, conforme a criterios que, básicamente, contemplan: a) reemplazar las tomas de agua subterránea por nuevas plantas de captación de aguas superficiales (de río) en una constelación de localidades; b) recambiar cañerías para agua y cloacas que, por obsolescencia, vetustez o fallas estructurales se han visto colapsadas casi de manera uniforme en distintas localidades, sobre todo en las áreas centrales de las ciudades; c) plantear las ampliaciones de red desde conceptos totalizadores, que guarden relación con el desarrollo del conjunto; y, d) definir una política clara con relación a las comunidades rurales, más allá de que casi el 85% de la población provincial esté asentada en áreas urbanas.
Las fuentes de financiamiento nacional son el Programa de agua potable y saneamiento para comunidades chicas, que tengan menos de 50.000 habitantes, y el Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbano, en conglomerados humanos de mayor importancia, que acaso esté operativa en el segundo semestre. Lo que está previsto es que en 2010 por el programa PROAS (que es el que está actualmente operativo) se vuelquen 97 millones y otros 200 millones para el año que viene.
A este mismo objetivo general orienta la Provincia una parte de los excedentes de la soja, que fue del 7% en 2009, del 10% en el primer semestre de 2010 y que será aumentado hasta el 20% en el segundo semestre. El resto de ese fondo, como se sabe, se destina a infraestructura escolar.
A su vez, la cuarta parte de lo que el Fondo Fiduciario de Inversión en Infraestructura Regional aporta para Entre Ríos tiene este mismo destino, un préstamo con el que por ejemplo se extienden las cloacas en San Benito o en barrios como Tiro Federal, Thompson y Villa Almendral en Paraná.
Por último, el Acta de Reparación Histórica y el Plan de Obras para todos los Argentinos incorporan unos 65 proyectos asentados en Entre Ríos, la mitad de los cuales ya cuentan con convenios firmados y algunas están en ejecución. Son obras de hasta dos millones de pesos pero que, por ejemplo, permitió mejorar la infraestructura en agua y cloacas en Juntas de Gobierno.