Dos de los intermediarios que cobraron las comisiones -presuntas coimas- a exportadores argentinos de maquinaria agrícola fueron determinantes en otro negocio binacional sospechoso: el contrato para la rehabilitación de la central hidroeléctrica Macagua I, una monumental obra de ingeniería, encargada al grupo argentino Impsa.
Ellos son Francisco Carrasquero y José Ernesto Rodríguez. Carrasquero fue el representante de Palmat que firmó con los exportadores para oficiar de intermediario a cambio del 15% del negocio. Pero, además, hizo gestiones en nombre de Impsa para llevar adelante la repotenciación de las turbinas de Macagua I, según relataron a LA NACION dos fuentes que conocieron el vínculo. Rodríguez es el titular de Madero Trading, la empresa que en 2008 empezó a compartir las comisiones con Palmat. Su participación en el negocio de la represa fue clave. El fue quien firmó el contrato en nombre de Impsa.
La rehabilitación de Macagua I fue concebida como parte de la alianza estratégica argentino-venezolana. Tanto que la central, sobre el río Caroní, fue el escenario elegido por Hugo Chavez para recibir a Néstor Kirchner en 2007. Originalmente, la obra iba a costar US$ 142 millones, que saldrían del fideicomiso binacional, pero tal como denuncian aquí, su precio se multiplicó. Hoy el presupuesto asignado, según información oficial, el de US$ 324,91 millones.
Dos ex funcionarios de Chávez que ocuparon altos cargos en el área de energía afirmaron que se trata de un negocio plagado de "irregularidades". Dijeron que era una obra innecesaria y que así lo habían advertido cuadros técnicos venezolanos (un ingeniero de esos equipos lo confirmó a este diario), que no hubo licitación y que la obra está basada en datos falsos del río. Ellos son Víctor Poleo, ex viceministro de Energía, y Miguel Lara, que fue director hasta 2004 de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados de Venezuela (Opsis), el ente responsable de dirigir y coordinar el funcionamiento del sistema eléctrico del país.
LA NACION consultó ayer a los voceros de Impsa, que desmintieron las acusaciones, negaron sobreprecios y advirtieron que el contrato "significó obtener un millón de horas hombre de empleo argentino".
El trabajo de Rodríguez para la empresa mendocina había empezado mucho antes de la firma del contrato. El 19 de agosto de 2004, en su carácter de gerente de desarrollo de Impsa, le envió una nota al embajador de Venezuela en Buenos Aires, Freddy Balzán, y le dijo que luego del acuerdo integral de cooperación firmado por Chávez y Kirchner ese mismo año, ambos presidentes habían considerado factible poner en marcha las obras de repotenciación de la central y financiarla con el fideicomiso creado por la venta de combustible venezolano a la Argentina "disponiendo de los fondos necesarios para la obra que está en el orden de los US$ 142 millones". El contrato se firmó al año siguiente. Establecía un precio para la obra de US$ 223 millones. Hoy, el presupuesto es de 100 millones más, de acuerdo con la página web de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec).
Dos fuentes informaron que Carrasquero, mano derecha de Roberto Wellisch, el millonario dueño de Palmat, estuvo vinculado con los negocios de Impsa. Una de ellas es una persona ligada a Voith, una gigantesca empresa alemana de enorme experiencia en centrales hidroeléctricas, la compañía que había construido Macagua en 1961. Esa fuente relató que Carrasquero se había contactado con los alemanes para pedirles colaboración para el trabajo que se había comprometido a hacer Impsa con la remodelación de las turbinas. "Si se comprometieron a hacerlo, ahora, que lo hagan", cuentan que respondieron los alemanes.
Un empresario argentino radicado en Venezuela corroboró el vínculo. "Claro que representaba a Impsa. Yo me lo encontré en un restaurant. Carrasquero estaba exultante. «Acabamos de firmar el contrato», me dijo. La mesa de los festejos la encabezaba Pescarmona".
Enrique Pescarmona es el presidente de Impsa. Tiene muy buena llegada al Gobierno y fue el empresario que se reunió con Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires, horas antes de que el supuesto "valijero" ingresara en la Casa Rosada y estallara el escándalo.
Carrasquero es un hombre a quien todos describen en esta ciudad como un intermediario de enormes contactos, afable y extravertido. LA NACION lo llamó a su celular; se presentó y de inmediato la conversación se cortó. Desde entonces, el teléfono está apagado o nadie responde.

Intermediario
El caso de las irregularidades de Macagua I se hizo conocido aquí por notas de los periodistas Damián Pratt y Nelson Bocaranda. La principal crítica a la contratación de Impsa es que la obra será cara, mucho más de lo previsto, y totalmente inútil. Un ingeniero que fue consultor de Electrificación del Caroní (Edelca, la compañía estatal responsable de la represa y la que firmó con Impsa) lo confirmó. "Hicimos los estudios matemáticos y advertimos que lo que podía agregar la repotenciación de Macagua I es cero. Todos los que conocen el Caroní dijeron lo mismo, pero no importó. Fue una orden que vino de arriba", afirmó.
Al lado de Macagua, se construyó años más tarde Macagua II. Los ingenieros explicaron que esta central, mucho más nueva y poderosa, podía absorber todo el trabajo de Macagua I. "Cuando surge la idea de repotenciar las turbinas de Macagua I, en 2000, lo discutimos en Edelca y concluimos que la racionalidad económica y de ingeniería disuadía de hacer semejante inversión", dijo a LA NACION Víctor Poleo, que fue viceministro de Energía de Chávez desde el principio de su gobierno hasta junio de 2001 y era uno de los directores de Edelca. Poleo explicó que se acordó, entonces, dejar Macagua como estaba. No obstante, después llegó la orden: había que firmar el contrato igual.
El ex funcionario Miguel Lara denunció, además, irregularidades "manifiestas" en el contrato. "La primera es que la propia empresa contratada fue la que hizo los estudios, y los hizo basándose en premisas que eran falsas, como que el aporte promedio anual de agua del río Caroní es de 6800 metros cúbicos por segundo, cuando es de 4800", sostuvo. "No hay penalización por incumplimiento ni fianzas razonables y los costos se han ido incrementando notablemente, sin justificación", afirmó.
En Impsa lo desmintieron todo. Dijeron que las obras agregarán al sistema eléctrico una potencia de 480 MW muy necesarios ante la crisis energética que sufre Venezuela; sostuvieron que no hubo licitación porque se hizo en el marco de un acuerdo entre países y afirmaron que el precio de la obra aumentó porque se amplió aún más la potencia de la central. Desmintieron, además, que el precio hubiera ascendido a US$ 324,91 millones, como afirma en su página oficial la compañía estatal venezolana Corpoelec.
LA NACION se comunicó ayer con la vocera de Edelca, que pidió que las consultas se realizaran por mail . Hasta el momento, no hubo respuesta. Por estos días, ningún funcionario de Chávez parece dispuesto a hablar de los negocios con la Argentina.