En América Latina hay alrededor de 300 proyectos de construcción de presas, que en su mayoría carecen de evaluaciones ambientales, se impulsan sin respeto a los derechos humanos de las poblaciones, las cuales son forzadas a abandonar sus pueblos, y además se destruyen ecosistemas estratégicos, señala la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
En México el caso que se analiza es el de La Parota, el cual fue incluido como “evidencia de las fallas en los procesos de consulta pública a comunidades indígenas y campesinas afectadas (unas 25 mil personas), así como graves carencias en el estudio de impacto ambiental que, entre otros, ignoran los posibles riesgos sísmicos que el proyecto podría causar”.
Agrega que el proyecto fue suspendido por el gobierno; sin embargo, la semana pasada el comisariado ejidal de bienes comunales de Cacahuatepec convocó a una segunda asamblea –luego de que la primera careció de quórum– para autorizar la expropiación de los terrenos en favor de la Comisión Federal de Electricidad.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota anunció que interpondrá recursos legales, ya que la asamblea no fue convocada con la anticipación legal, no participaron los comuneros y además debió acudir 75 por ciento de los 7 mil, lo cual, aseguran, no ocurrió. Anunciaron que presentarán un recurso ante el comité de derechos humanos y culturales de la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de AIDA, presentado ante el Banco Interamericano de Desarrollo, indica que entre los impactos más importantes que provocan las construcciones de las represas están “la destrucción de ecosistemas estratégicos, el desplazamiento forzado de comunidades, típicamente en situación de vulnerabilidad como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, así como las mujeres y los niños; la pérdida de fuentes de alimentación y sustento; y la falta de participación pública y acceso a la información”.
Asevera que la forma en que se establecieron los proyectos podría aumentar los costos sociales de los mismos, agravar situaciones de pobreza y además “los impactos negativos de estos proyectos pueden también encarecerlos, pudiendo incluso comprometer su viabilidad económica”.
Además de La Parota en Guerrero, se analizan el proyecto multipropósito Baha, en Ecuador; el complejo hidroeléctrico del Río Madeira, entre Bolivia y Brasil; el binacional Yacyreta, Argentina y Paraguay, y la Chan-75, en Panamá.
“La evidencia actual en el desarrollo de grandes represas en América Latina demuestra una tendencia hacia el desconocimiento de las normas y estándares internacionales que buscan la protección de los derechos humanos de las personas afectadas y la conservación del ambiente”.
Agrega que esto no es una consecuencia inevitable de este tipo de proyectos, porque “si los Estados, empresas, agencias financieras y demás actores involucrados acatan y cumplen adecuadamente con la normatividad internacional ambiental y de los derechos humanos existente, estas situaciones podrían evitarse”.
Precisa que hay más opciones para atender la demanda de energía, pero ello depende de la voluntad política de los estados. Algunas de esas alternativas incluyen abandonar la creencia generalizada y errónea de que es esencial aumentar el consumo de energía para lograr el crecimiento económico.