Luego de que el Gobierno finalmente blanqueara su intención de recuperar OSM a manos de la Provincia, el próximo paso será definir el esquema de la reestatización. Frente a esto, los socios privados de mayor o menor participación accionaria, "suspendidos" con la intervención, e incluso los que aspiraban a serlo, analizan la chance de ocupar uno o más sillones en el directorio aun a costa de resignar poder de decisión...
Algunos salieron a cuestionar el anuncio: argumentan que ni la Provincia está en condiciones financieras de afrontar las inversiones necesarias ("si esperaban $ 10 millones de un juicio para hacer escuelas, ¿cómo harán esto con el nivel de desinversión existente?" confió un referente en off the record), ni habrá potenciales accionistas interesados en quedarse con un 20%, una de las alternativas que manejan los funcionarios jaquistas.
Lo cierto es que algunos candidatos a ocupar el espacio del grupo francés Saur, controlante de OSM hasta la intervención, vuelven a anotarse en la carrera, aunque con ciertas reservas.
"Estamos dispuestos a invertir, somos jugadores, pero sabiendo en qué condiciones será el partido. La presencia estatal no nos limita, en la medida que el gerenciamiento sea privado, porque creo que las empresas están hechas para que las manejen los empresarios", señaló Ricardo Mastronardi, apoderado del grupo que integran inversores locales en sociedad con la española Befesa.
Por otra parte, Los Andes intentó reiteradamente, sin éxito, comunicarse con los representantes en Mendoza del grupo Sielecki (Aguasur), el socio principal de Saur durante la etapa de gestión privada y que llegó a nivel de confrontación dialéctica con el mismo Gobierno a través de declaraciones y solicitadas luego de ser desplazado.
Antes de conocerse la intención del Ejecutivo, el ex vicepresidente de OSM y hombre de Sielecki en el directorio, Federico Qüerio, había señalado a este medio, ante los cortes de servicio repetidos y los problemas financieros, que "si la gestión del operador de la concesión derivó en la intervención, la población no advierte que el solo aumento de tarifas mejoraría el servicio del agua potable. Después de varios meses de intervención y el 37% de aumento de tarifa ya no es posible culpar a las inversiones pasadas".
No obstante, varias veces desde Aguasur habían manifestado su intención de asociarse al Estado ante una eventual reestatización.
En 2008, Mastronardi presentó formalmente al Gobierno las intenciones del grupo de adquirir las acciones de Saur, en aquel momento decidido a apartarse de OSM, a partir de un preacuerdo suscripto con los inversores galos. Hoy asegura que nunca obtuvo respuesta.
Para el representante, la falta de inversión acumulada alejó la posibilidad de sumar a otro socio foráneo. EPM (Empresa Prestadora de Medellín), el ente público que controla los servicios de la metrópoli colombiana, mantuvo cierto interés en el manejo del agua y la electricidad en Mendoza, que luego se disipó.
Entre las probables opciones que vislumbran en el sector privado para firmar una alianza con el Estado, el plan A es no resignar el management, reservando al Gobierno la "acción de oro" en ciertas decisiones. Si, como se anticipa, no es posible, el B sería limitarse a la operación técnica (20%) con la renta resultante asegurada.
La danza de nombres expuestos y ocultos en la nueva carrera ya empezó. En el caso de Mastronardi, aparece el de Befesa, pero los capitalistas mendocinos que están detrás son un misterio hasta ahora. Él mismo niega la presencia de los actuales (Groisman, Vila), por una cláusula restrictiva firmada con Michel Fourré, CEO de Saur, y alude a "gente que ha vendido sociedades y ha hecho grandes transacciones para Mendoza".

El sindicato también quiere una parte
El presidente del EPAS, Javier Montoro, convocará "esta semana" al Consejo Asesor de la intervención a Obras Sanitarias, "para tener el consenso de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, la comunidad científica, técnica y el sindicato, a fin de acordar el futuro de la empresa".
La idea: definir en 60 días la futura composición accionaria con mayoría estatal.
Montoro confirmó que la convocatoria "es la apertura de un debate respecto del futuro modelo de la empresa, que incluye evaluar un nuevo régimen tarifario y también una redefinición del rol del EPAS como órgano de contralor".
Dijo que en los próximos días se conocerá el informe de auditoría de la UNCuyo que permitirá calcular el monto a reclamar por el Ejecutivo a los concesionarios privados por incumplimientos y falta de inversión. Por su parte, la concesionaria Saur amenaza con avanzar en sus reclamos ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Daniel Canone, secretario general de Supos (Sindicato Único del Personal de Obras Sanitarias), confirmó el interés de su gremio en participar del esquema accionario.
"Hemos elevado una propuesta en la que decimos que estamos de acuerdo con que sea del Estado pero siempre conformando una S.A., con 90% estatal y el 10 de los trabajadores. Si luego el gobernador decide que dentro de ese 90% tiene que dar participación a los municipios, estamos totalmente de acuerdo".
Ayer, al salir de la paritaria salarial, Canone aseguró que Supos está en condiciones de ser el operador técnico del servicio.

Opinión
Privatizar o reestatizar para que todo siga igual
La empresa estatal provincial de Obras Sanitarias fue el producto de la fusión de dos formas institucionales previas de la administración del agua en Mendoza: las antiguas direcciones provinciales y municipales que se encargaban de proveer a las zonas rurales, con la provincialización de Obras Sanitarias de la Nación que servía básicamente a las zonas urbanas.
La empresa estatal mendocina -al igual que todas las otras del país- aumentó más la planta de personal que las tarifas, con lo cual se logró más burocracia y menos inversiones. Hasta que la moda de las transferencias entre municipios, provincia y nación fue cambiada por otra: la de los traspasos de lo público a lo privado. Entonces OSM se privatizó.
El cambio de manos se hizo a “lo mendocino”, vale decir menos burdamente que los nacionales, en particular porque formó parte de la segunda ola de privatizaciones donde ya no se cedía todo a precio vil como en los primeros años de los ‘90. Así, el principal mérito de la concesión del servicio del agua -junto al de electricidad- fue que con el importante dinero pagado por los compradores se hizo la presa de Potrerillos.
Los concesionarios fueron -como en todo el país- básicamente empresas estatales europeas que, orientadas por políticos jubilados de esas naciones, pensaban lograr una segunda “conquista” de América si podían quedarse con los servicios públicos que eran rematados por sus antiguas colonias. O sea, lo suyo se basó más en un proyecto político-empresarial de coyuntura que en una meditada estrategia apoyada en capacidad de gestión.
Es que los nuevos conquistadores no estaban dispuestos a los sacrificios que hizo Colón para gritar ¡tierra!, ni tenían la visión estratégica de la reina Isabel. Más bien creían -como los aventureros post-Colón- que Eldorado menemista sería un proveedor de plata dulce para las metrópolis, sin necesidad de invertir mucho en ello.
Pero cuando los “descubridores” descubrieron que habían pagado más de lo que valían las empresas en el Estado que se las vendió, adujeron (igual que Moneta con el Banco Mendoza, aunque éste no pagara nada) “vicios ocultos”, vale decir deterioros estructurales del sistema. Y quisieron que los pagara el Estado, quién se limitó a decir “¿yo?, mendocino”, y miró para otro lado.
Luego vinieron los pedidos de aumentos tarifarios, pero entre tanto el país estalló a fines de 2001 y entonces ya todos tenían la culpa... o todos tenían razón, que es lo mismo, porque desde entonces sería imposible demostrar si las inversiones no se hicieron por culpa de la falta de aumentos tarifarios o por las especulaciones empresarias. Mientras se echaban la culpa unos a otros, el servicio se seguía deteriorando, con lo cual volvimos a estar igual que cuando vinimos de España.
Felizmente, o infelizmente, los argentinos tenemos esa tendencia ya casi congénita de patear para adelante los problemas en vez de asumirlos. Entonces, como Dios sigue siendo argentino, la providencia nos ofreció la nueva ola: ahora la moda son las reestatizaciones, como antes lo fueron los privatizaciones y antes de antes las transferencias jurisdiccionales. O sea, los meros cambios de propiedad como excusa para no solucionar jamás los defectos de gestión.
Con lo cual, ahora sabemos que nos fue igual de mal con el agua manejada por la Nación, por la provincia o por los privados, pero aún así seguimos insistiendo con los cambios de mano sin tener la menor idea de cómo hacer para que el sistema funcione mejor. Por Carlos Salvador La Rosa - clarosa@losandes.com