Con la premisa de que OSM no deberá desmembrarse, el Gobierno comenzará a discutir en el Consejo Asesor conformado a partir de la intervención del organismo cuál será la forma jurídica que adoptará la empresa que le provee el servicio de agua y saneamiento a buena parte de los mendocinos.
La gestión jaquista se inclina por la idea de permitir la participación de privados en la composición accionaria, mientras que el Sindicato de Obras Sanitarias –nuclea a los trabajadores– propone que los empleados mantengan el 10% de las acciones que actualmente les pertenecen mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP) y que el otro 90% quede en poder estatal.
Ésta será la discusión medular que deberá mantenerse en los próximos dos meses que quedan de la intervención el Consejo Asesor para definir qué formato jurídico tendrá OSM en manos del Estado.
Este consejo –integrado por miembros de la universidad, referentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, los centros científicos de investigación, el sindicato e Irrigación– deberá comenzar a reunirse periódicamente.
En lo que el Gobierno no está dispuesto a ceder es en el desmantelamiento de la empresa tendiente a municipalizar los servicios de agua y cloacas. “No queremos que la empresa se desmembre”, ratificó el titular del EPAS, Javier Montoro.
OSM fue privatizada en 1998 y pasó de tener más de 1.600 empleados a funcionar con 600. El 3 de agosto pasado, Celso Jaque decidió su intervención, primero por 60 días y luego por otros 60 días.
Montoro adelantó además que con el cambio de dueños de la compañía debería rediscutirse un nuevo régimen tarifario. Éste es un tema sensible que políticamente puede ser adverso a la gestión, pero que deberá estudiarse, porque la ecuación actual entre los ingresos y los gastos no resiste en el tiempo, coinciden los funcionarios.
Para el funcionario, debería aprovecharse la oportunidad y avanzar en un cambio de fondo en la tarifa, incorporando la medición domiciliaria. Mediante este sistema, cada usuario pagaría por lo que consume, como ocurre con los servicios de luz y gas. Varias administraciones públicas hablaron de la conveniencia de ponerlo en marcha, pero se quedaron en el camino por el costo de su implementación.
Con la reestatización de OSM también deberá redefinirse la función del EPAS, que ejerce el control sobre los operadores privados desde que se privatizó la empresa.
Para Montoro, hay que redefinir las funciones del EPAS. “De la misma manera que existe el Tribunal de Cuentas para auditar el manejo de los gastos públicos, también el EPAS deberá seguir ejerciendo el control sobre el servicio”, dijo su titular.

Historia
OSM fue privatizada en 1998 y pasó de tener más de 1.600 empleados a funcionar con 600.
El 3 de agosto pasado, el gobernador Celso Jaque decidió intervenir la empresa a raíz de una serie de incumplimientos.
En un principio, la intervención se dispuso por 60 días. Luego se prorrogó por otros dos meses y continúa hasta hoy.
El pasado 1, el mandatario anunció que quiere reestatizar OSM. La metodología se definirá con el Consejo Asesor.