El proyecto que modifica el artículo 5 de la ley 12.530 y otorga al municipio bahiense, a través del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), mayores facultades de control sobre los efluentes líquidos, se votó favorablemente en la Legislatura provincial.
Según fundamentó el diputado Marcelo Feliú, impulsor de esta reforma, la implementación de esta ley es un avance significativo a la hora de ampliar las competencias locales en materia de control medioambiental.
"La injerencia que la comuna tenía hasta aquí, no alcanzaba a los efluentes líquidos industriales que pudieran vertirse en el estuario próximo a la ubicación del polo petroquímico, ubicado en cercanías de Ingeniero White.
"Ahora se estará en condiciones de profundizar este proceso de descentralización y, a partir de ello, disponer como obligación normativa, de un control continuo y permanente sobre los materiales que se vuelquen en la ría bahiense", señaló Feliú.
En ese sentido, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara Baja, indicó que los conflictos acaecidos a partir de haberse tomado conocimiento respecto de la eventual contaminación de las aguas del estuario, dejaron al descubierto la necesidad de poder contar, por propia competencia del CTE, con estudios científicos públicos que den una respuesta "insospechable, indudable y transparente" al real estado de cosas.
"A partir de ellos, se podrán realizar las correcciones debidas y, en su caso, el deslinde o la adjudicación de responsabilidades correspondientes", dijo el legislador.
Para Feliú, esta delegación responde al reclamo de varios sectores y para nada resulta en desmedro de la competencia originaria del gobierno provincial, ya que permite que el municipio coordine actuaciones con él, a fin de actuar en los controles debidos para una adecuada política ambiental.

Un problema local
El legislador aseguró que su proyecto, ya con media sanción, tiene como ánimo profundizar los mecanismos de control ambiental que permitan compatibilizar el crecimiento productivo con la calidad de vida de la población, tal como rezan los fundamentos originales de la ley 12.530.
"Este cambio permite ampliar la competencia en materia de fiscalización que debe detentar la Municipalidad, mediante los órganos competentes establecidos en lo referente al control de los efluentes líquidos de origen industrial", explicó.
Al respecto, consideró necesario destacar que, a los efectos operativos, la intendencia cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo una fiscalización permanente, tales como la tasa ambiental y los órganos creados por la mencionada ley.
"Ocurría que la redacción de la ley, tal como estaba hasta ahora, hablaba de una coordinación con la autoridad de aplicación y esa modalidad de expresión no permitía la fiscalización del municipio per se , ya que requería de una anuencia de las autoridades provinciales para proceder a la necesaria fiscalización", dijo Feliú.
Tras aprobarse la modificación, el artículo de marras quedó redactado de la siguiente manera:
"A los efectos de la aplicación del control de los efluentes líquidos, el municipio tendrá, a través del órgano establecido en el artículo 10 de la presente, facultades de fiscalización concurrentes con la autoridad de aplicación de los decretos 3970/90, 2009/60 y sus resoluciones complementarias".
Además, agregó el autor del proyecto, la reglamentación deberá indicar cómo se ejercerá esta concurrencia en la fiscalización.
Para argumentar las ventajas de la citada "concurrencia" por sobre la "coordinación" hasta aquí vigente, Feliú recordó que, recién a partir del año pasado, se logró encaminar una acción conjunta de control entre la Autoridad del Agua y el Comité Técnico Ejecutivo sobre el control de efluentes líquidos.
"Al haber logrado esta modificación, se cuenta con una herramienta para obligar, consolidar y profundizar este tipo de acciones", aseguró, al tiempo que se esperanzó en que el Senado provincial brinde pronto tratamiento a esta reforma, para su plena sanción.

Reconocimiento a Linares
El diputado oficialista reconoció a los legisladores de la ciudad que ayudaron a convencer sobre la importancia que para Bahía Blanca reviste esta iniciativa, y "en especial a Jaime Linares (diputado del GEN)" que en el recinto profundizó sobre la necesidad de esta reforma.