Los tiempos breves y neuróticos de la política raramente coinciden con los de la naturaleza. Por lo menos así lo ha demostrado la marcada apuesta del Gobierno por darle curso a la explotación minera en las provincias, hecho que, de no controlarse a tiempo, generará un daño irreparable a los recursos naturales de nuestro país.
El temario de la reunión de mañana incluye un proyecto con media sanción del Senado e iniciativas presentadas por el presidente de la comisión, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Juan Carlos Gioja (FpV), José Manuel Córdoba (FpV) y Rosa Chiquichano (FpV).
En octubre de 2008, el Congreso sancionó una ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial pero fue vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de noviembre. En diciembre del mismo año, el oficialismo logró trabar en el recinto el rechazo del veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que habían planteado la oposición y aliados del kirchnerismo para insistir con la sanción del Parlamento. Posteriormente, en 2009 el entonces presidente de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Daniel Filmus, impulsó un nuevo proyecto de ley mientras aún continuaban las críticas al Gobierno por no respaldar la norma original aprobada en el Congreso. La iniciativa de Filmus -con algunas modificaciones- obtuvo media sanción en la Cámara alta el año pasado y es la que ahora considerará la comisión en la reunión del martes junto con los distintos proyectos presentados por diputados.
Consultado por Hoy, Carlos Ron de la ONG Conciencia Solidaria, manifestó que “el proyecto de Filmus no contempla el área periglacial y esto le da paso libre a las corporaciones transnacionales”.
Y agregó: “Se debe hacer una auditoría ambiental y, si se constata contaminación, tienen que existir multas o el cese de actividades, la ley de Filmus deja al descubierto el área periglacial y traba las posibilidades de poder efectuar algún impedimento a las empresas”.
La ley de “presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” apunta a establecer acciones para el cuidado de esos recursos naturales y la prohibición de exploración y explotación minera o petrolífera en las zonas de las fuentes de agua congelada. Pero la presidenta Cristina Kirchner vetó la norma a través del decreto 1.837/08 por entender que la prohibición de la explotación perjudicaría inversiones en las provincias.
Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó tratar la demanda de una ONG ambiental para que se declare la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley de glaciares y en un fallo sostuvo que la demanda debe entablarse en la Justicia Federal o en los tribunales de provincia.
Por último, Ron explicó que el proyecto de ley original “no debe entenderse como una ley antiminería. Se opone a cualquier tendido eléctrico, gasoducto o emprendimiento turístico que pueda dañar el área periglacial”.

“Gente obnubilada con la especulación económica”

En diálogo con Hoy, Carlos Ron, referente de la ONG ambientalista Conciencia Solidaria La Plata, dijo: “El Gobierno tiene la intención de dilatar esta situación, pero hay un ambiente efervescente detrás de este tema, la reunión de diputados de este martes es abierta a todo el público, esperamos que la gente se acerque y que no se retrase más esta ley”.
Y agregó: “Parte del veto a esta ley corresponde a gente que está obnubilada con la especulación económica, que no percibe que los glaciares son la reserva de agua del futuro y que van a quedar como un queso gruyère si se instalan los 600 proyectos de minería previstos”.
Por último, Ron dijo: “Queremos que se tome conciencia, de que nos estamos jugando los recursos de agua que están en los glaciares y en el área periglacial, la cual depende de la morfología de cada lugar, pero aproximadamente comprende el 20% de la cordillera”.