El Consejo de Defensores del Pueblo integrado por los representantes de la provincia de Santiago del Estero, Tucumán y de Córdoba, más la Defensoría del Pueblo de la Nación, expresaron su inquietud porque el Plan de Gestión de la Cuenca Salí Dulce para el cuidado de las aguas no se está implementando en forma integral.
Por ello, insistieron en la necesidad de que se reglamente la Ley 25.688 de Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental de las Aguas para que se declaren zonas de protección especial a los sitios que por sus características naturales o interés ambiental así lo requieren, tales como el Embalse de Río Hondo, los Bañados del Río Dulce y la Laguna de Mar Chiquita.
Las resoluciones fueron tomadas durante una reunión realizada en Mar Chiquita en la provincia de Córdoba, acordaron trabajar sobre varios ejes con el propósito de impulsar la recuperación ambiental de la cuenca. Asistió al encuentro el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával, cuyas deliberaciones fueran encabezadas por Anselmo Sella, a cargo de la Defensoría Nacional.
Allí se decidió que se articularán acciones con las universidades de la región con el fin de reunir la información técnica generada por los centros académicos de modo de elaborar un sistema de información geográfico y un plan de monitoreo ambiental del estado general de la cuenca.
Los defensores también solicitarán informes a las autoridades nacionales sobre los recursos disponibles para asistir a los sectores productivos en la implementación de los programas de reconversión industrial, la mejora continua de los procesos productivos y de tratamiento de efluentes.
Otra de las acciones, fue convocar a una reunión con el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí Dulce en julio próximo en San Miguel de Tucumán para discutir los objetivos de corto, mediano y largo plazo en relación a todos los ejes del plan y las facultades del Comité. También reclamaron la “publicidad y transparencia” de las acciones del Comité en todos sus niveles “garantizándose el derecho de acceso a la información ambiental pública, actualizada, completa y permanente, contribuyendo a garantizar la participación social”.