La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en su sesión ordinaria del miércoles pasado una resolución a través de la cual piden al Ejecutivo correntino, y por su intermedio al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), informe sobre cuál es la totalidad actual de establecimientos o empresas arroceras que son titulares de la autorización pertinente para la utilización y aprovechamiento de las aguas públicas.
Entre los argumentos esgrimidos en el proyecto se recuerda que “la agricultura en la extensión territorial de la provincia, brinda un escenario de amplias modalidades productivas, es por ello que diversificar las especies de ‘producción’ en el ámbito privado advierte tener presente por parte del Estado provincial medidas que tiendan a lograr un equilibrio ‘económico-ambiental’ entre los medios de producción y el producto final”.
En ese marco, advierte que “Corrientes se encuentra entre dos ríos: el Uruguay (al Este), el Paraná (al Oeste y Norte); que constituyen las fronteras naturales de su territorio. De ello se advierte que los recursos naturales son la riqueza o la potencia de una nación; lo cual implica la observación por parte del Estado provincial de todos aquellos ámbitos en los cuales los recursos hídricos se manifiesten involucrados”.
De esa manera, recuerda los antecedentes a nivel mundial que marcaron la apertura a la concientización sobre la importancia de los recursos naturales, la conservación y protección de los mismos. En eso fundamenta “la preocupación por los caudales y lechos de las aguas públicas que rodean nuestra provincia; sobre los cuales deben existir ri-gurosas normas de control principalmente al momento de realizarse sobre las mismas actividades de extracción, explotación y utilización”.
Así, la Cámara baja le dio el voto positivo y ahora está en manos del Icaa la responsabilidad de responder el requerimiento de los legisladores que pretenden ejercer el control de este recurso natural que es importante para la humanidad: el agua dulce.

Imagen: Archivo Programa Infoagua