El director de Obras Sanitarias considera que no hay motivos para que la población se alarme: el agua que se consume en Entre Ríos es confiable, sea tomada de río o de pozo. De todos modos, insiste en que un ente regulador se precisa tanto como un reglamento adecuado a la realidad, producto del consenso.
“El agua de pozo es tan confiable como el agua de superficie; estamos en contra de cederle un servicio vital como el del agua a un inversor privado; creemos que las cooperativas se desenvuelven con responsabilidad y eficiencia; la provincia no pretende quedarse con ninguna de las actuales prestaciones; queremos un ente regulador que formule propuestas a futuro desde el consenso no desde la confrontación”, prologó el director de Obras Sanitarias, Hugo Righelatto, y ante cada sentencia, mientras desplegaba de a uno los dedos de la mano derecha, desde el pulgar al meñique, parecía estar respondiéndole a un imaginario contradictor.
“El marco regulatorio fue armado del día para la noche por un decreto ley de los militares, para poder transferir los servicios a los municipios; esa norma fue ratificada durante el primer gobierno de Sergio Montiel mediante una ley de un solo artículo, pero nunca hubo un debate serio, participativo, a fondo, sobre el contenido del marco y su ajuste a la realidad, incluso luego de tantos años de vigencia”, encuadró el funcionario, al comentar que “ya durante la gestión anterior, empezamos a producir un diagnóstico del servicio en toda su complejidad: de ahí surge la necesidad de imaginar un marco regulatorio mejor”. De sus palabras se desprende que actualmente la Dirección de Obras Sanitarias está obligada a elaborar, desarrollar y ejecutar proyectos vinculados a las obras básicas, puede explotar servicios como de hecho sucede en algunas Juntas de Gobierno y, además, controlar la calidad del servicio que, en definitiva, en alguna medida significa controlarse a sí misma, lo que no resulta propicio desde ningún punto de vista”. Justificó de ese modo el proyecto de que Obras Sanitarias se concentre en aspectos vinculados al diseño de proyectos y ejecución de obras y que, en paralelo, de manera autónoma, un ente regulador controle los actores de la concesión pero también ayude a planificar e incorpore activamente a los usuarios, transparente los mecanismos de decisión por ejemplo las tarifas, como sucede con las audiencias públicas”.
-¿La provincia quiere pasar a explotar servicios que actualmente prestan cooperativas o municipalidades?
-No. Lo que creemos es que servicios básicos como el del agua no pueden estar en manos de un inversor privado.
-¿Están en contra del funcionamiento al menos de algunas cooperativas?
-No, al contrario. Justamente, creemos que con áreas fuertes, claramente delimitadas, dedicadas por un lado a la ejecución de políticas y por el otro al contralor de las partes y el todo, incluyendo al Estado, el servicio en general ganará en sustentabilidad.

CONTROL. “¿Quién es el responsable de controlar la calidad del agua?”, preguntó EL DIARIO. “Según la legislación, quien presta el servicio debe realizar una serie de controles que varían conforme la característica de la prestación y la cantidad de usuarios; a esas pruebas tienen que llevarlas hasta laboratorios que están en Paraná y Concepción del Uruguay”, explicó, al consignar que “lo que Obras Sanitarias debe hacer es controlar que la activación de ese mecanismo se produzca”. Por las dudas, insistió en que “la responsabilidad sobre la calidad del servicio es de quien lo presta”. La Provincia interviene directamente si se produjera alguna denuncia o se detectara anomalías en las muestras.
“¿Son igualmente seguras las aguas tomadas del río o de pozo?”, se inquirió. “Las dos son absolutamente confiables”, sentenció Righelatto, al señalar que “nadie, responsablemente, tiene derecho a alarmar a la gente”. Ante la insistencia periodística, el funcionario comentó que “sobre todo en el centro de la provincia se toma el agua de pozos, de napas subterráneas, ubicadas a una profundidad que oscila entre los 80 y los 100 metros; este recurso está libre de toda probable contaminación, lo que se comprueba porque son permanente controladas”.
El entrevistado no dejó de marcar que, no obstante, es mejor la calidad del agua superficial, tomada de río. “Lo que pasa es que el que tomó agua de pozo toda la vida, le sabe natural lo que a otro le puede parecer salobre; los problemas que no tiene el agua dulce es que el sarro es menor en las cañerías y calefones y prácticamente no afecta la ropa, porque el nivel de minerales es sensiblemente menor; en contraposición, el agua de río demanda otros controles para evitar todo indicio de contaminación porque el riesgo es mayor; de todos modos, las plantas que toman del río suelen tener laboratorios propios y las que no, ofrecen igual un producto de buena calidad”, comentó.
En esta costa, se aprovecha el recurso del río en Paraná, Victoria y Santa Elena. En la otra costa, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Villa Paranacito y Brazo Largo están en la misma situación. Los muelles de La Paz y Gualeguay se cayeron y nunca más se repararon, razón por la cual se abastecen de pozo, al igual que el resto de localidades. En la zona circundante a Oro Verde hay planes para instalar tomas del río, por la importante presencia de hierro en el agua subterránea. “Creo que son las comunidades, cada cual con su idiosincrasia, las que irán sosteniendo los consumos; de todos modos, si quieren agua dulce tendrán que aceptar también que el costo es mayor”, señaló.

ENTIDADES. Para Righelatto “las cooperativas son sistemas que funcionan, generalmente muy bien administrados, sustentables, bien mantenidos; son entes privados es decir no estatales; es cierto que tienen el consumo medido pero también es cierto que a nosotros nos preocupa que, a veces, el que no tenga para pagar no pueda acceder al servicio de agua”. El entrevistado acepta que “hay unas cuantas zonas grises” en el funcionamiento del sistema que pueden derivar en críticas puntuales de y hacia la provincia o los operadores. “Aspiramos a que el ente regulador y el nuevo marco ayuden a incorporar la búsqueda de consenso como una herramienta propicia para resolver problemas presentes y desafíos futuros”, compendió. “En estos últimos seis años, se han hecho unas 120 obras de distinto volumen, sin importar la eventual filiación político-partidaria de las localidades o los operadores; de todos modos, pensamos que una mejor organización estatal logrará lo que hasta ahora fue extremadamente difícil: acordar incluso con las cooperativas un programa de inversiones de mediano y largo aliento”, transmitió. Righelatto comentó que “el criterio actual es hacer obras donde más se necesita y menos posibilidades financieras existen”.

A sanear
En otro momento se le planteó si consideraba acertado que se señale que en materia cloacal hubo una importante extensión de redes pero no pasó lo mismo en cuanto a las plantas de tratamiento. “En todas las localidades del interior hay lagunas de tratamiento o filtros biológicos, por lo que todo el líquido se tamiza antes de llegar a los cursos de agua”, indicó, al explicar que “estamos haciendo mucha obra de saneamiento en cloacas en poblaciones pequeñas” y que “Entre Ríos tiene un porcentaje altísimo en cuanto a población servida, tanto en agua como en cloaca, que oscila entre 80 y el 85%”.
Aceptó el funcionario que “faltan plantas para las grandes ciudades”, más allá de aclarar que “el problema es más grave en las que están a la vera del Uruguay porque en el caudaloso Paraná a los 50 o 70 metros del lugar de volcado ya no se encuentran evidencias”. Informó en ese sentido, que en Gualeguaychú y en Colón “hay tratamiento previo”. No así, en Concepción del Uruguay y Concordia.
“¿Son entonces una prioridad?”, se consultó. “Podrían estar incluidas en un programa de largo plazo, pero hoy el problema más urgente es que los vapores carcomen la parte superior de las cañerías de cemento que tienen más de 25 años y se van produciendo hundimientos y derrumbes”, respondió.