Vecinos Autoconvocados de Colón, Liebig, San José y la Asamblea Ciudadana Ambiental Colón denunciaron que "con la complicidad del Estado, en Pueblo Liebig se violó el Estatuto del Río Uruguay”, afectando “el humedal 2 de agosto, de más de 1.000 hectáreas, que funcionaba como valle de inundación y reservorio de biodiversidad, impactando negativamente en la dinámica del río y alterando la calidad de sus aguas”. Además, reclamaron la intervención de legisladores y funcionarios para una asamblea que se realizará el viernes para analizar el tema.
A través de un documento los denunciantes detallaron que "una empresa de capitales españoles -Iberpapel Argentina S.A.- que, con la complicidad del Estado provincial, ha permitido en los hechos que se construya a la vera del río Uruguay, a 10 kilómetros al norte de Colón, un terraplén de aproximadamente ocho kilómetros de longitud”.
A la vez aseguraron que el hecho demuestra "nuevamente la inactividad o inoperancia del Estado cuando se trata de preservar los recursos naturales y el ambiente, y contraviniendo la flamante Constitución provincial, que dispone entre otras cosas que: la provincia tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”. Y remarcaron que “el área de recursos naturales, la Co.R.U.F.A., la Secretaría de Ambiente y demás estamentos provinciales, han convalidado el hecho consumado, permitiendo la construcción del terraplén”.
“Nuevamente la sociedad civil, al igual que en Gualeguaychú, fue la que denunció el desastre que se avecinaba", precisaron, al tiempo que subrayaron que "fue también la ciudadanía la que en varias oportunidades instó a la empresa que desista de la construcción del terraplén, mediante una carta a Iberpapel”. Y confirmaron que como la firma se negó a recibirla, la enviaron a la casa matriz en España.
En tanto, sobre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), los vecinos se preguntaron “si ha tenido intervención, conforme lo dispone el Decreto provincial 4935/07, que establece en forma similar al artículo 7 del Tratado del río Uruguay, que todo proyecto, tanto público como privado, de realización de cualesquiera de otras obras de entidad suficiente para afectar el régimen o la calidad de las aguas del río Uruguay y su cuenca, luego de ser aprobado por los organismos intervinientes de la provincia en lo que es de su competencia y previo a su elevación para el dictado del instrumento legal que apruebe el mismo, deberá ser enviado a la consulta previa” al organismo.
“Más allá de los artilugios y estratagemas que planteen la empresa y el Estado, ha quedado claro que los vecinos no van a permitir que nuestro país nos viole como lo hizo Botnia-UPM y la República Oriental del Uruguay”, indicaron en el texto, difundido por Recintonet, y se mostraron confiados en que “sea la Justicia provincial, o en su caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que mande a desmantelar el terraplén”.