La protesta por la controvertida ley de Aguas en Ecuador tomó un nuevo rumbo. La Corte Constitucional emitió ayer un fallo que ordena al Estado consultar con las comunidades originarias antes de poner en vigencia la normativa. La Asamblea Nacional debía hoy debatir esta cuestión, pero el oficialismo pedirá el aplazamiento de la decisión. Las organizaciones de aborígenes y de campesinos se mantienen en estado de movilización, como en la última semana.
Las comunidades originarias, que son más del 35 por ciento de la población ecuatoriana, rechazan el proyecto sobre la regulación del uso del agua alegando que perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios y que la legislación favorece a mineras y empresas embotelladoras. Pero, en las últimas horas, desde el máximo tribunal de Justicia ecuatoriano, los campesinos y aborígenes recibieron una buena señal. Los jueces ordenaron a las autoridades que realicen rondas de consulta con las comunidades antes de instrumentar la ley, que debía ser votada en la jornada de hoy.
El presidente de la Asamblea Legislativa nacional, el oficialista Fernando Cordero, señaló que el proceso de debate tomará “no menos de seis meses” y garantizó que “todas las comunidades van a ser informadas y consultadas”. En consonancia, adelantó ayer a la prensa de Quito que pedirá que el Congreso posponga su votación hasta que las rondas de discusión se lleven a cabo. Para que la propuesta de Cordero prospere se necesita que la mitad más uno de los congresistas vote a favor.
“Si es que se aprueba la ley tal como está en este momento, sin ese previo proceso de consulta, esa norma que se sancionaría tendría un carácter inconstitucional”, advirtió Orlando Pérez, viceministro de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. “Por lo tanto, en este momento cambió completamente el escenario con la sentencia de la Corte Constitucional”, explicó.
El fallo tomó por sorpresa a los indígenas, que se preparaban para marchar hacia Quito desde distintos lugares con motivo de la votación del texto, en el que según dijeron no fueron incluidas sus propuestas. “No conozco la sentencia. Desde ayer estoy en los frentes de resistencia y paro. Tomaremos una decisión ante cualquier cosa con todas las organizaciones en conjunto”, reconoció Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), una de las organizaciones que lidera la protesta. En repudio a la iniciativa, los grupos indígenas y campesinos se venían movilizando desde el lunes 3. Por tres días estuvieron cortando las vías de acceso, en especial las del sur del país. Ayer habían llamado a la desobediencia civil porque consideraban que estaban siendo engañados por el gobierno.
Por su parte, el presidente Rafael Correa, que tiene el respaldo de otras asociaciones indígenas, acusa a la Conaie y a otras organizaciones de mentir a sus bases para acaparar el manejo del agua. “La ley de Aguas es excelente, no vamos a permitir que un grupo se adueñe del país”, prometió el mandatario, al tiempo que funcionarios anunciaron que procesarían a quienes participen de los cortes de rutas. De los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes resultaron dos oficiales heridos y 19 campesinos detenidos. La disputa entre las comunidades movilizadas y el gobierno se ha agudizado en los últimos días. “El interés de los indígenas es voltear al gobierno”, había sentenciado a principios de la semana Pérez.
Mientras tanto, las confederaciones indígenas siguen denunciando que el uno por ciento de los agroexportadores y hacendados controla el 70 por ciento del caudal del agua, mientras que el 80 por ciento de los campesinos sólo acceden a un 12 por ciento. “Esto hace notar que la Asamblea tiene un pacto con la derecha”, denunció Santi. Las organizaciones seguirán en estado de movilización hasta saber qué determina hoy la Asamblea.