El gobierno de Uruguay confirmó ayer que sólo aceptará un control ambiental conjunto sobre las aguas del río Uruguay y no en la planta UPM, ex Botnia, como quiere la Argentina.
Así lo indicó la ministra de Vivienda y Medio Ambiente uruguaya, Graciela Muslera: "La Argentina presentó una propuesta que va más allá de lo establecido en el régimen de monitoreo, pues plantea un plan de monitoreo en la planta y no en el río, que es lo que le compete a la CARU".
Este contrapunto se produce antes del encuentro de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que volverá a reunirse el lunes para discutir el modo en que se realizará el monitoreo conjunto que dispuso el fallo de la Corte Internacional de La Haya.
Como informó ayer LA NACION, el gobierno argentino ya presentó una propuesta de vigilancia "integral y continua" de la planta de UPM y de su impacto ambiental.
En ese contexto, el canciller uruguayo, Luis Almagro, ya anticipó que "la Argentina irá con una propuesta y Uruguay con otra" y expresó su deseo de "conciliarlas en la reunión".
"Tenemos un marco de referencia, que es el fallo de la Corte Internacional de La Haya, y tenemos otro marco de referencia, que son las competencias de la CARU", indicó Almagro, que advirtió: "No nos podemos exceder ni de las competencias de la CARU ni de lo que dice el fallo de la Corte".
Poco antes, el vicecanciller argentino, Victorio Taccetti, había señalado: "Con Uruguay estamos trabajando para superar el conflicto. Esperamos que se pueda hacer un control amplio".