En estos tiempos de confrontación política, es bueno destacar que hay cuestiones en las que los argentinos estamos unidos y tenemos bien en claro cuáles son nuestros objetivos. En su momento, el Gobierno Nacional, con el decreto 256 de regulación del tránsito marítimo hacia las Malvinas, reaccionó correctamente frente a la decisión unilateral de Gran Bretaña de explorar hidrocarburos en la zona en disputa y no estuvo solo, ya que el Congreso, a través de sus comisiones especializadas, los partidos y los principales dirigentes, tanto oficialistas como opositores, se pronunciaron en la misma dirección.
Este consenso político no es algo retórico, o decorativo: es necesario, porque de él depende que nuestra política de Estado de reclamar la soberanía sobre las Islas, en todos los foros diplomáticos, sea creíble y logre algunos avances en los años venideros. Algunos editorialistas y políticos de Londres tratan de desacreditar la posición firme que asumió la Argentina, a la que tachan de beligerante, queriendo atribuirla al supuesto capricho de un Gobierno que busca réditos ante la opinión pública. Hay que ser claros en este punto: no es un gobierno en particular, sino el conjunto de una dirigencia madura y pacífica la que fijó su posición en este asunto de importancia central.
Entramos en un período crucial de la cuestión Malvinas. Tras la guerra de 1982, es uno de los temas más sensibles de nuestra identidad nacional, y las décadas de diplomacia democrática dieron cuenta de eso. Pero ahora comienza una nueva etapa signada por tensiones de contenido más claramente económico, como son la explotación energética y la próxima negociación del Tratado Antártico. Estas nuevas disputas se pelearán en el terreno del derecho internacional, que es la herramienta que hoy tenemos para defender nuestros intereses nacionales.
En una actitud irresponsable a la luz del derecho internacional, la empresa británica Rockhopper Exploration Plc señaló que el petróleo hallado en el controvertido programa de exploración en las islas Malvinas es de alta calidad, lo que disparó la cotización de sus acciones. No se puede permitir que los intereses comerciales se encuentren por encima del ordenamiento jurídico internacional.
Desde 1983 llevamos adelante los reclamos de soberanía territorial en forma multilateral, al mismo tiempo que reducimos capacidades militares, con lo que no puede dejar dudas acerca de nuestro compromiso democrático y pacífico. Sin embargo, Londres también debe aceptar que el mundo algo ha cambiado en estos veinte años. Aún las potencias como Gran Bretaña perdieron su omnipotencia. Lenta, pero inequívocamente, vamos hacia un mundo de reglas en el que los países que deciden ignorarlas, aún los más poderosos, terminarán pagando costos.
Para ello, en primer lugar tenemos que asegurar el apoyo de todos los países de América Latina a nuestro reclamo, lo que no dudo que lograremos -sería particularmente importante que el nuevo gobierno de Chile se pronuncie al respecto-. Pero también, a nivel interno, los gobernadores provinciales deben mostrar una voz unificada. Estos no solamente administran provincias que, según la Constitución de 1994, tienen el dominio de los recursos existentes en su territorio, sino que también pueden participar en Enarsa, la empresa de gestión estatal que tiene los derechos de exploración de la plataforma submarina continental.
En ese sentido, hay que contemplar la posibilidad de que Enarsa interponga una demanda contra los gobiernos malvinense y británico ante el Ciadi, el organismo de resolución de disputas de inversión del Banco Mundial. Esa demanda tal vez no impediría que los trabajos de exploración comiencen, pero obligaría al Banco Mundial a definirse acerca de la seguridad jurídica de las empresas poco conocidas que anunciaron sus proyectos en la zona, y sobre sus fuentes de financiamiento. Tratándose de una millonaria inversión de infraestructura, es probable que lo hagan con el respaldo de alguna agencia gubernamental de promoción inversiones.
Debemos, en suma, defender nuestro reclamo en todos frentes, sabiendo que estamos en una etapa nueva. Para defender nuestros intereses, tenemos que multiplicar nuestros apoyos externos. Pero también es crucial el consenso interno. La decisión inconsulta de Gran Bretaña va en contra de los principios del derecho internacional para zonas de disputa, del sistema de protección de inversiones y del espíritu del multilateralismo.