Tras dos meses de análisis, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera decidió dar el visto bueno a la venta de las participaciones minoritarias que el Fisco mantiene en cuatro empresas sanitarias: Aguas Andinas, Esval, Essbío y Essal. Altas fuentes de La Moneda confirmaron la determinación, la que permitirá recaudar unos US$ 1.300 millones, que ayudarán a solventar parte de los US$ 9.255 millones que considera el plan para reconstruir el país tras el terremoto. Este sería el mayor cambio de propiedad de las sanitarias desde su privatización, en los 90.
"La decisión política ya está tomada y sólo se está a la espera de que el Presidente le dé curso", ratificó otra autoridad del gabinete. En efecto, el timing de la venta lo determinará el Primer Mandatario y no se cree que lo incluya en el discurso del 21 de mayo, sino que lo anuncie con posterioridad.
La operación, aseguran en el gobierno y expertos, no requiere de ninguna ley. La idea es que el Fisco venda el 100% de las acciones que todavía posee en las cuatro compañías de agua, hoy controladas por las multinacionales Agbar (Aguas Andinas y Essal) y Ontario Teachers Pensions Plan (Essbío y Esval). Sin embargo, aún resta que la determinación se oficialice en el consejo directivo de Corfo, entidad que preside el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y que tiene como vicepresidente a Hernán Cheyre. Los otros integrantes son los titulares de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Mideplan y de Agricultura. Consultado el Ministerio de Economía sobre el tema, se limitó a señalar que, por el momento, "no hay nada que informar".
Pero el Sistema de Empresas Públicas (SEP), que administra los activos estatales, ya está estudiando los procedimientos para realizar la operación, explican en el Ejecutivo. Entre ellos, evalúa la selección de un banco de inversión para que realice un road show externo. El proceso de venta sería expedito y rápido, dicen, por lo que podría concluir este año.

Participación y valor
Hoy el 34,98% que el Fisco tiene en Aguas Andinas equivale en Bolsa a US$ 599 millones y la porción de 43,4% en Essbío, a US$ 288,8 millones. Además, el 29,43% que tiene en Esval, según la valorización que en su momento hizo la controladora Ontario Teacher, es de US$ 227,4 millones, mientras que el 46,46% de Essal supondría US$ 150,6 millones, considerando lo que ofertó en su momento Agbar por la participación que tenía Iberdrola allí. En caso de que los controladores actuales quisieran comprar estas participaciones, sería necesario hacer una Oferta Pública (OPA).

Visión de especialistas
La operación es bien valorada por el mercado. "Si las condiciones internacionales en los próximos meses se estabilizan, sería un buen momento para vender", opina el economista del grupo Security Aldo Lema. A su juicio, "no hace mucho sentido que el Estado tenga estas participaciones, que son más riesgosas que otros instrumentos financieros en los que suele invertir". Además, explica que esta venta no repercutiría ni en la tasa de interés ni en el tipo de cambio.
El abogado Axel Buchheister, a su vez, señala que hoy no hay razón para que el Estado retenga esas participaciones. "La gestión es privada y el rol de fiscalización, control y preservación de los derechos ciudadanos los ejerce una superintendencia", afirma. Además, desde 2003 no existe restricción para que el Fisco venda. Cuando se aprobó la ley por la que se privatizaban estas empresas, se dejó una norma para que el Estado mantuviera una participación de al menos 35%. Esa limitación se eliminó hace siete años.
También desde la Concertación algunos de sus personeros han manifestado su respaldo a esta iniciativa, entre ellos, el ex ministro de OO.PP. Eduardo Bitrán y el ex presidente del SEP Carlos Mladinic.
¿Interesados posibles? Mladinic indica que dado que son acciones de rentabilidad estable, son apetecidas por inversionistas institucionales, como compañías de seguros y AFP nacionales y extranjeras. También es posible que operadores del sector se presenten.