El descubrimiento de petróleo de calidad anunciado por Rockhopper en la cuenca Malvinas Norte (2744 metros de profundidad) tras una perforación exitosa todavía requiere información adicional para saber si se trata de un yacimiento comercialmente explotable. La estrategia argentina para establecer una negociación que atienda nuestro reclamo de soberanía debería proceder como si lo fuera.
En una publicación especializada de noviembre del 2009, Desire Petroleum, otro licenciatario que explora en la misma cuenca Malvinas Norte, con resultados hasta ahora negativos, hizo saber que un descubrimiento de 50 millones de barriles en la zona podía explotarse con un precio de petróleo de 56 dólares por barril. Si el volumen de las reservas descubiertas alcanzaba los 400 millones de barriles, bastaba un precio de 46 dólares. Tengamos en cuenta que un yacimiento petrolero se considera gigante cuando supera los 1000 millones de barriles de reserva probada. Es decir, con un descubrimiento de no mucha importancia relativa, y pese a que los costos de explotación en la zona son muy elevados, la actividad productiva sería viable con los actuales valores de cotización del crudo.
Esto se entiende a partir del generoso reparto de renta petrolera asegurado por las licencias otorgadas por las autoridades de las islas. Por cada dólar de renta potencial (diferencia entre precios y costos) la empresa se queda con más del 50%. El resto lo apropia el gobierno (government take). Si otra fuera la distribución de la renta, es muy posible que esas aguas en conflicto y de alto riesgo exploratorio no hubieran encontrado inversores dispuestos a asumir la empresa de investigar el potencial de sus cuencas. Es difícil pensar que fondos del Tesoro inglés, que hasta ahora se hacen cargo del presupuesto de defensa de las islas, hubieran suplido la ausencia de esos capitales privados.
La apropiación y el reparto de la renta del petróleo y el gas rigen el negocio petrolero en todo el mundo. El enfoque de la renta en la exploración y explotación del petróleo que puede existir en nuestro mar continental, y que es posible que comience a explotarse en aguas en conflicto de Malvinas, debería constituir el eje de una nueva estrategia para negociar con los ingleses.
El planteo lo hicimos con Daniel Kerner, del prestigioso Eurasia Group, en una nota de opinión conjunta que publicó The Guardian (4/04/10) y que resumió Clarín en su columna "Cómo nos ven" (6-04-10). Allí avalamos la necesidad argentina de dificultar las tareas de exploración y explotación de petróleo (y/o gas natural) en las aguas jurisdiccionales en conflicto, así como la postura de establecer la opción "o con nosotros, o con ellos".
Sin embargo, descartado cualquier conflicto bélico, justificamos el endurecimiento de la posición argentina en el objetivo de sentar a las dos partes en conflicto a iniciar una ronda de negociaciones. Bajo el paraguas de la soberanía, las negociaciones debían orientarse a la discusión de la renta del petróleo que puede extraerse de la zona en conflicto. La dificultad logística que impone la restricción argentina (y que hay que procurar extender a la logística de la región), afecta los costos y disminuye la renta por barril.
Si los británicos accedieran a discutir la distribución de la renta de la explotación en las aguas en conflicto, Argentina podría poner sobre la mesa de negociación la flexibilización del uso logístico y, con ello, reducción de costos y aumento de la renta a repartir. Ambos ganan, y los propios habitantes de las islas podrían interesarse en este enfoque cooperativo.
Pero la estrategia argentina necesita otra acción concomitante. Hay que sembrar de derechos el mar continental argentino, todavía subexplorado y sin conflictos jurisdiccionales. Los 8 ex Secretarios de Energía de distintas administraciones de la democracia, que hemos convergido en un documento de consensos para tener una política de Estado en el sector, también hemos suscrito otro documento instando al Gobierno Nacional y a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a sancionar un proyecto de ley para promover una nueva política exploratoria en el mar argentino. La política exploratoria debe ser convocante de inversores nacionales y extranjeros, con énfasis en los de la región.
Acá de nuevo aparecerá el ejemplo de la experiencia comparada en los mecanismos de apropiación y distribución de renta. Habrá que considerarlos. Es cierto que hasta ahora la intervención de ENARSA (que monopoliza los bloques exploratorios off-shore) ha sido parasitaria; pero también hay que aceptar que las retenciones, los controles de precios y la discrecionalidad que afecta esta industria y su renta han sido disuasivos de inversiones de alto riesgo. Frente al hecho consumado en territorio irredento, sumemos a la legítima protesta acciones conducentes a que la contraparte se siente a negociar.