La crisis desatada por el derrame de petróleo en el Golfo toma otro cariz después que el responsable estadounidense de la explotación petrolera en el mar solicitara su retiro, criticado por la laxitud en la inspección de la plataforma que estalló.
Una inquietante cadena de fallos se pone al descubierto en Estados Unidos a medida que avanza la marea negra de petróleo de la plataforma de British Petroleum (BP) en el Golfo de México, que crece a raíz de 500.000 litros diarios de crudo.
Según las primeras estimaciones barajadas en las comisiones de investigación abiertas (una en el Congreso y otra en el seno del Gobierno federal), BP podría haber detectado el fallo de la válvula días antes de la explosión de la plataforma ocurrida el pasado 20 de abril y en la que murieron 11 trabajadores.
Toda la seguridad, consideran algunos congresistas, reposaba sobre un mecanismo que se sabía defectuoso, a pesar de lo cual no se paró la operación.
Las sospechas se acrecientan sobre la forma de actuar de la multinacional británica, que minimizó las posibilidades de sufrir un accidente y el efecto que este podría ejercer sobre la fauna y la flora del Golfo. Poco después de la explosión BP contrató a cientos de pescadores para limpiar la mancha a cambio de que se comprometieran a no presentar demandas por el vertido, aunque retiró esa cláusula de los contratos cuando el asunto se hizo público.
La compañía se negó a ofrecer imágenes del derrame y tampoco quiso medir el flujo de crudo que está causando un desastre ecológico de escasos precedentes. Desde el principio, se ha estimado que de la fisura del pozo están emanando unas 700 toneladas diarias de petróleo, aunque varios científicos estiman que esa cantidad podría ser superior.
Finalmente, BP siguió vertiendo desde el día del accidente enormes cantidades de un disolvente cuyos efectos sobre el ecosistema, según los ecologistas, pueden ser devastadores como el propio crudo.
Y en todo este cúmulo de despropósitos hay una parte de responsabilidad de la Administración: durante la etapa de George Bush se relajaron los controles de seguridad y en 2008 se dejaron de exigir planes de emergencia, lo que en parte explica la torpeza de ahora para atajar el vertido.
Barack Obama tomó cartas en el asunto y clausuró la semana pasada la agencia que concedía los permisos de perforación en la que hubo algunos escándalos de corrupción propiciados por las cantidades de dinero que mueve el sector. Pero igualmente está en apuros, ya que en marzo lanzó un plan de apertura de nuevas prospecciones submarinas para aumentar la seguridad del abastecimiento energético del país sin antes cambiar las nuevas reglas del juego. Tras el accidente, paralizó el plan.
Y en medio de críticas por inacción, el servicio estadounidense de gestión de recursos mineros (MMS) anunció ayer de tarde que el responsable de la división solicitó su retiro.
En tanto, Villy Kourafalou, experta en circulación oceánica de la Escuela Rosentiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami, estimó que es altamente posible que el petróleo ingrese en la Corriente del Golfo y en pocos días llegue al sur de la península de Florida, lo que podría tener efectos tóxicos sobre la barrera de coral que allí se encuentra, que es la más grande del país y la tercera más extensa del mundo.