El legislador de Libres del Sur afirmó que "hay que poner la vida y la salud por encima de intereses económicos", en respuesta a los dichos del bloque del PJ y funcionarios provinciales, quienes habían dicho que los estudios no detectaron contaminación" por las fumigaciones aéreas con plaguicidas.
“Este tema lo estamos tratando con la mayor seriedad y vemos con mucha preocupación la ausencia de posturas concretas por parte de las áreas correspondientes del Ejecutivo en torno al mismo, de nuestra parte, como legisladores tenemos la responsabilidad de dar respuestas a los planteos que presentan los pobladores de la zona. Acá se está hablando de poner la salud y la vida de las personas por encima de cualquier interés económico”, manifestó el diputado Carlos Martínez.
El legislador de Libres del Sur reclamó nuevamente la urgente difusión del informe de la Comisión Provincial de Contaminantes del Agua. “Hay una responsabilidad por parte del estado de poner este informe, que duerme en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia desde principios de Abril, a disposición no solo de los legisladores sino de la comunidad en general”, alertó, y agregó que “habiendo enviado una nota desde el Bloque Libres del Sur hace ya tres semanas para que el Ministerio de Salud remita el informe -sin respuesta alguna-, hemos impulsado este mismo reclamo en la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad de la Legislatura”.
Ante acusaciones de que la preocupación por las fumigaciones es infundada, Martínez recordó que además del informe de la Comisión de Contaminantes del Agua, que está bajo la órbita del Ejecutivo que habla de un aumento desproporcionado de los casos de cáncer en la Leonesa, “existieron decenas de denuncias formales; un estudio de la cartera de Salud de la Nación que reconocía la problemática y recomendaba tomar medidas inmediatas para proteger la salud de la población; y se organizó una jornada en la legislatura con profesionales de alto nivel que han confirmado desde la ciencia medica y desde la investigación sobre el uso de plaguicidas los efectos perjudiciales y hasta letales que pueden provocar en poblaciones próximas a los cultivos”.
“Esto sin contar” añadió el diputado, “que a veces parece olvidarse que existe legislación de carácter precautorio, la Ley General del Ambiente -que es de orden público-, la Constitución Provincial y la Ley de Biocidas; a esto se suma ahora una decisión judicial de suspensión de las fumigaciones que debe ser acatada por el poder ejecutivo, los municipios y los particulares”.
En cuanto a la aplicación de estas normas, Martínez recordó que “los argumentos del funcionario de Medio Ambiente sobre la falta de competencias son falaces por varias razones, en primer lugar Cancha Larga SA está inscripta en el Registro Público de Comercio recién a partir del 2008, por lo que legalmente inició sus actividades dentro de esta gestión, y aunque así no lo fuese, la cartera no solo está facultada sino que tiene la responsabilidad de efectuar controles y denunciar cualquier incumplimiento de las leyes ambientales vigentes”.
En relación a estos controles el legislador se remitió al artículo 18º de la Ley General del Ambiente que establece que “las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas”. El Bloque Libres del Sur presentó en Marzo un proyecto de ley que propone prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio de la provincia por 180 días y prevé la creación de una comisión “ad hoc”, “es decir que no nos estamos refiriendo exclusivamente al funcionamiento de las arroceras, sino que creemos importante investigar los posibles efectos de los agrotóxicos en la salud de la población en todo el Chaco” remarcó Martínez.
En ese sentido destacó que la responsabilidad de los funcionarios en los tres poderes del estado es “actuar sobre las denuncias presentadas de manera seria, sistemática e inmediata, si parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo corresponde a otras gestiones es responsabilidad de los funcionarios actuales del área denunciar cualquier acción u omisión en perjuicio de la vida de la población, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”.