El gobierno estudia asociarse a privados para que estos inviertan en la construcción y gestión de escuelas de tiempo completo, viviendas, represas, hospitales y cárceles entre otros. Además cambiará los criterios para dar beneficios a la inversión.
Dentro de los nuevos criterios que las empresas deberán tener en cuenta para recibir beneficios fiscales en proyectos de inversión están: el incremento de masa salarial en vez del aumento del empleo, favorecer las exportaciones de valor agregado en vez del aumento de las exportaciones y aumentar las contrapartidas que exige el Estado para los mega proyectos de inversión, como lo fue el de Botnia.
Por otra parte, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pedro Buonomo, dijo a El País que en las asociaciones público-privadas para inversión en infraestructura "las actividades esenciales al Estado como la política educativa, de salud, los servicios de salud, de educación o de seguridad los va a seguir dando el Estado de acuerdo a sus criterios y sus desafíos".
"Pensamos que puede haber condiciones para aprovechar la eficiencia de los privados para mejorar la provisión de los servicios en aquellas áreas que es posible que entren los privados", agregó.
A su vez, al asociarse permite "liberar recursos para destinarlos a otro tipo de necesidades como ser el gasto público social, sin entrar en conflicto con las actividades esenciales del Estado y los objetivos y las políticas del Estado en cada una de las áreas", indicó.
El gobierno prevé invertir US$ 1.800 millones en infraestructura en todo el período.
En ese sentido, Buonomo presentó ayer en el Foro Económico de ACDE "eventuales nuevos proyectos en proceso de identificación" para concebir proyectos público-privados.
Señaló que en infraestructura de transporte los posibles proyectos son en la red vial, ferroviaria y un puerto de aguas profundas; en infraestructura productiva puede haberlos en energía, telecomunicaciones y represas y cambio climático; en infraestructura social pueden ser proyectos para escuelas de tiempo completo, hospitales, cárceles y vivienda social; en infraestructura turística podría haberlos en centros de convenciones y predios feriales y en puertos náuticos.
"Lo que daría un privado (en esos casos) sería construir, financiar, dar determinado nivel de servicio y asumir el riesgo de ese nivel de servicio que se le exige. Si cumple el nivel de servicio que se le exige, el Estado le repagaría", explicó Buonomo a El País.
"En el tema de cárceles (sería) en la parte de hotelería (construcción del complejo que puede incluir el servicio alimentario)", agregó.
¿Cómo paga el Estado al privado? "A largo plazo o con una contraprestación repagando el servicio que el privado está dando", respondió Buonomo y especificó que una manera "puede ser directamente a través del usuario: peajes o tarifas (en los casos de carreteras o tren de carga) y otro a través del flujo del Estado cuando el Estado repaga por la prestación de un servicio".
Para posibilitar estas asociaciones, el gobierno está elaborando un marco jurídico específico que será enviado al Parlamento en las próximas semanas. Se busca que "brinde seguridad jurídica, reduzca costos de transacción y aumente la eficiencia y eficacia", dijo Buonomo en la presentación.
Además la ley "permite generar un proceso de incentivos y controles que dé garantías al Estado y los privados y que permita a Uruguay", indicó.
También dará "nuevas atribuciones" a la Corporación Nacional para el Desarrollo que será "una agencia capacitada para estructurar" y hacer un "seguimiento" de los proyectos, agregó.

FINANCIAMIENTO. El proyecto de ley incluirá "lo que es necesario a nivel legal para la estructuración de instrumentos" que mejoren las condiciones de crédito, tasa de interés y plazo a las que accede el privado, señaló el subsecretario.
"Necesita de mecanismos que muchas veces en el sistema financiero normal no están previstos", agregó.
Es que este tipo de inversión tiene un plazo de maduración mayor, por lo que necesita de créditos a largo plazo.
El dos de Economía dijo que "la estructuración del proyecto dirá cómo se asignan adecuadamente los riesgos, quién los asume y preverá las posibilidades de prendar concesiones, securitizar ingresos futuros, todo ese tipo de mecanismos que hacen a la especificidad del financiamiento".
Según dijo Buonomo luego la idea del gobierno es "empezar a introducir instrumentos financieros como garantías subordinadas, mejoramiento de créditos, seguros de riesgo de complementación de obra o seguros de riesgo político".
Eso "es importante para que los recursos estén en condiciones de canalizarse a la infraestructura", agregó.
En ese contexto, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que modifica los topes de inversión que puedan realizar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
La iniciativa reduce (en forma gradual) de 90% a 70% el tope para que las AFAP inviertan el fondo de pensiones en títulos del Estado y amplió de 25%a 50% el tope para invertir en títulos de deuda o fideicomisos financieros emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas.
Según Buonomo esto "está incentivando a buscar alternativas de inversión" para las AFAP, aunque reconoció que "hoy el porcentaje del portafolio que está financiando proyectos del sector privado es muy bajo". Apenas 5% del fondo que manejan.
Se buscará "incentivar a las AFAP a que busquen proyectos y del otro lado estructurar y diseñar proyectos", dijo.
Para ello "hay que tener a disposición instrumentos financieros importantes que cubran riesgos" como los mencionados, puntualizó.
La iniciativa legal "permitiría invertir en proyectos productivos y/o de infraestructura por montos muy significativos, que hoy representarían unos US$ 3.000 millones", había dicho a El País la gerente general de Unión Capital AFAP, Dolores Benavente. El vicepresidente de República AFAP, Luis Costa había dicho que las administradoras están "dispuestas" a ello.

Cambian criterio para beneficios
El subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, dijo ayer que se revisarán los criterios por los que se asignan beneficios fiscales para promover inversiones. El dos de Economía adelantó que en este período hay "otros objetivos" de política económica que hacen cambiar esos criterios. Ejemplificó que en vez de otorgar puntaje por cantidad de empleos creados, con un desempleo en nivel bajo es mejor apuntar a la calidad de éste, atando el puntaje al aumento de la masa salarial que se genere con la inversión. Respecto al indicador de descentralización, se incentivará los proyectos que se ubiquen en "zonas carenciadas" de Montevideo e interior.
También se van a "aumentar las contrapartidas exigidas" a los mega proyectos. Se favorecerá las exportaciones que agreguen valor y se permitirá incluir inversión en "activos biológicos".