Santiago del Estero “es una de las provincias más afectadas por el mapa de riesgo ambiental y está en rojo, por un problema de falta de saneamiento básico, compartiendo esta problemática con provincias como Formosa y Chaco y otras del norte”.
Así lo expresó la doctora Cristina Maiztegui, asesora técnica de la defensoría nacional, al referirse al estudio realizado con el apoyo de las Naciones Unidas sobre riesgo ambiental al que están expuestos numerosos argentinos en todo el país, en el que se hizo hincapié en el riesgo de la actividad industrial, la agrícola, la de servicios de saneamientos básicos y de la actividad petrolera.
Sobre el riesgo, Maiztegui indicó que presenta 2 variables, la vulnerabilidad social y de la contaminación que produzcan, lo que conforma entonces el mapa de riesgo ambiental, según el trabajo realizado.
La profesional participó del dictado del seminario de Defensores del Pueblo y Medios de Comunicación, denominado “Protección de Derechos Humanos y Medio Ambiente”, realizado en Buenos Aires la semana pasada, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación conjuntamente con la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales.
El trabajo sobre riesgo ambiental permite contar con certezas, planificar y priorizar las acciones más importantes, además de aquellas que faltan hacer.
En tal sentido Maistegui indicó que uno de los problemas en el país es la “falta de información sólida de parte de los organismos oficiales, que son los que tienen que proveerla para llevar adelante las políticas públicas, un tema realmente recurrente y preocupante”.

Cuenca Salí-Dulce
En el caso de la problemática de la cuenca Salí-Dulce, indicó que desde la Defensoría están planteando “sistemáticamente a los gobiernos la estrategia de una acción conjunta, y que mientras el derecho al acceso a la información ambiental no esté garantizada, mucho menos la participación social”.
Actualmente están viendo la posibilidad de hacer publicaciones que estén “a disposición” de todas las defensorías del país, en forma simultánea, con conclusiones sobre el riesgo ambiental en cualquier punto en el que pueda la misma ser útil.
En el Seminario se planteó el mapa de la situación ambiental en el país, en aspectos referidos a la minería, la cuenca Salí-Dulce, Reconquista, Agroquímicos, cuenca Matanza-Riachuelo.
Hubo dos paneles, uno con Niñez y Medio Ambiente y otro con Minería e Hidrocarburos.
En la oportunidad, una de las disertantes fue la doctora Cristina Maistegui.
Sobre esta actividad dijo que uno de los objetivos del Seminario fue dar difusión a los derechos ambientales y que sean conocidos, y luego reconocidos y respetados.
Justamente lo que se vio es que representantes de los gobiernos, de organizaciones sociales, defensorías, periodistas, empresarios y académicos dieron sus puntos de vista.
En este sentido, la profesional subrayó que la Defensoría cumple su función como “articulador social” dentro de la democracia para que sea participativa, asumiendo el rol que le corresponde y apostando al diálogo como mecanismo para construir el desarrollo sustentable, como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Sobre los temas tratados, indicó que responden a lo que la gente planteó en las defensorías en todo el país, como la agenda ambiental más inmediata.