Tras más de dos años de protestas, gritos, empujones y hasta la retención de un presidente ejecutivo del AyA, los vecinos de Carrillo, Guanacaste, ganaron el pulso contra un grupo de desarrolladores turísticos que construye un acueducto en esa zona
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) admitió la carencia de estudios que demuestren que la ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, ubicado en la comunidad de Sardinal, no afectará el suministro comunal de agua.
El acueducto se iba a ampliar para llevar líquido a diversos desarrollos turísticos e inmobiliarios construidos en las playas El Coco y Ocotal, en Carrillo.
Para ello, empresas privadas crearon un fideicomiso por $7 millones (¢3.773 millones). Una vez hecho el acueducto, pasaría a propiedad del Estado.
Sin embargo, los vecinos temen que el líquido no alcance para todos y se produzca desabastecimiento en sus comunidades.
El caso llegó hasta la Sala Constitucional. El 14 de enero del 2009 los magistrados ordenaron anular el estudio de viabilidad ambiental del proyecto.
En el voto 262-2009 concluyeron que “se acredita que las obras del proyecto de acueducto dieron inicio careciendo de la viabilidad ambiental correspondiente.
“Viabilidad ambiental que debió acordar Setena con base en una evaluación del impacto ambiental y no con base en una declaración jurada de compromisos ambientales”, indica el fallo.
La notificación del voto completo llegó a la Setena el pasado 14 de mayo.
Una vez recibido el documento, la Secretaría le ordenó, el pasado jueves, a la Municipalidad de Carrillo detener la construcción de ese acueducto.
Orden. Sonia Espinoza, directora general de Setena, admitió ayer que el voto es contundente.
“La Sala es puntual en lo que dice. Si la Sala lo que ordena es anular la viabilidad ambiental, el proyecto no puede estar trabajando.
“De acuerdo con la ley orgánica del ambiente, todas las actividades, obras o proyectos requieren, previo al inicio de las actividades, una evaluación de impacto ambiental”, enfatizó Espinoza.
No obstante, Carlos Cantillo, alcalde de Carrillo, aseguró ayer que aún no conoce la orden de Setena.
“La Municipalidad otorgó los permisos pero la Setena tiene la posibilidad de paralizar las obras”, reconoció Cantillo.
Por su parte, José Antonio Muñoz, representante legal de los desarrolladores que financian el proyecto, dijo que no se referirán al tema. Tampoco aclaró si realizaron trabajos durante los 16 meses que la Sala tardó en redactar su voto.
Eduardo Lezama, subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), advirtió que la paralización de los trabajos impedirá satisfacer la demanda de agua de los desarrollos turísticos en Carrillo.
Sostuvo que muchas de esas inversiones se efectuaron bajo la creencia de que contarían con agua suficiente para sus proyectos.
“No podremos suministrar agua a los distintos desarrollos. La comunidad tiene agua, los desarrollos conformados a la luz del fideicomiso, no ”, dijo.
Gadi Amit, vicepresidente de la Asociación Confraternidad Guanacasteca, dijo que están opuestos a un desarrollo no planificado.

Magistrados tardaron 14 meses para notificar voto
Los magistrados de la Sala Constitucional tardaron 14 meses para notificar el voto sobre el acueducto de Sardinal
El tema lo votaron el 14 de enero del 2009, pero la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) recibió la notificación el pasado 14 de mayo.
Ante el retraso, la Asociación Confraternidad Guanacasteca presentó un recurso de amparo contra los magistrados, debido a la tardanza en notificar el fallo completo.
Dicha acción fue interpuesta el mes pasado y debe ser conocida por magistrados suplentes.
No obstante, podría quedar sin efecto porque la Sala ya comunicó el fallo.
La Nación procuró entrevistar a Roxana Salazar, una de las magistradas que participó en la votación sobre el acueducto de Sardinal, para consultarle las razones de la tardanza.
No obstante, ella prefirió no referirse al caso ante la posibilidad de que alguna parte presente una solicitud de adición o aclaración.
Asimismo, ayer en la tarde se envió un correo electrónico con preguntas a Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala IV; no obstante, se informó que salía del país en ese momento.
Además, su secretaria informó de que Mora no participó en esa votación.
Entre tanto, la oficina de prensa de la Sala IV declaró que la tardanza obedeció a lo complejo del caso.
Agregó que cada uno de los siete magistrados revisó con detenimiento toda la resolución, lo que retrasó la notificación.