Desde que un referéndum aprobó la nueva constitución política de Ecuador con el 64% de los votos, el 28 de septiembre de 2008, el Estado ecuatoriano reconoce los derechos de la naturaleza, incluido el derecho al agua y al riego en un país declarado “estado plurinacional”. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) desde entonces viene promoviendo manifestaciones y bloqueos de caminos, para presionar porque se le asigne el control del agua en vastas áreas campesinas e indígenas, en un conflicto que ha sido explotado por los grandes medios para ahondar la brecha abierta entre el gobierno y la organización indígena.
Las críticas a la nueva ley de agua cuestionan la privatización parcial del recurso y los límites impuestos a la participación de la CONAIE en la gestión del agua, a la vez que alegan privilegios del acceso al agua para los usuarios industriales y falta de sanciones ante la contaminación del recurso. En una manifestación típica, “Estamos locos por el agua” gritaban miles de campesinos que marchaban a través de las calles céntricas de Cuenca, Ecuador, el 28 de septiembre de 2009, a un año de la promulgación de la Constitución, como parte de una movilización a escala nacional contra la nueva ley de agua, que afirman no es accesible para toda la población y se está contaminando. Las protestas continúan con frecuentes bloqueos de carreteras de montaña, que provocan cierto impacto, con abundancia de insultos y recriminaciones contra el presidente Rafael Correa, quien acusa al movimiento de estar instrumentalizado para desestabilizar a su gobierno.
Para el gobierno del presidente Rafael Correa el tema del agua fue zanjado por la nueva Constitución y sus leyes derivadas. El jefe del Estado rechaza la pretensión de la organización indígena de manejar el líquido y llama a respetar el estado de derecho y la Constitución en la administración del recurso. Desde Sigsig, provincia de Azuay, en su programa de radio y televisión de los sábados, el 15 de mayo de 2010, el Presidente explicó que la Autoridad del Agua debe radicar en el gobierno surgido del escrutinio popular y rechazó las medidas de presión de las organizaciones indígenas.
“El principal problema indígena es la pobreza producto de siglos de exclusión”, dijo el jefe del Estado, asegurando que “no ha habido gobierno en Ecuador que haya hecho más por disminuir la pobreza indígena”. Asimismo, cuestionó la legitimidad democrática de la CONAIE para manejar el agua, que declaró de la competencia exclusiva y legitima de los municipios.
“Por hacerle daño a un gobierno van a destruir el país”, dijo Correa, refiriéndose a los bloqueos viales y a otras acciones de presión. El mandatario aclaró que los representantes indígenas en la Asamblea del poder legislativo son sólo tres entre 124 diputados y, sumados a los de otras organizaciones políticas, siguen siendo absoluta minoría. Correa invitó a las comunidades indígenas a pedirle cuentas a los dirigentes de la CONAIE sobre unos 450 mil dólares que recibían anualmente del sistema de educación intercultural bilingüe y acerca de más de un millón 200 mil dólares que han venido recibiendo del pueblo ecuatoriano desde el 2000. "Lo que hay detrás del conflicto del agua es que les estamos quitando la “teta” a ciertos dirigentes indígenas", afirmó Correa.

Fuentes:
– “Ecuadorians Protest New Water Law”, Jennifer Moore, 30/9/2009 (http://upsidedownworld.org/main/content/view/2136/1)
– Prensa Latina, 15/5/2010 (http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=188641&Itemid=1)