El Gobierno reiteró su condena a los actos “unilaterales e ilegítimos” del Reino Unido para la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las islas Malvinas y rechazó las afirmaciones británicas acerca de que el decreto 256 de la presidenta Cristina Kirchner contrariaba el derecho internacional y los tratados de los cuales Argentina forma parte. La postura argentina fue expresada en una carta que el jefe de asesores de la Cancillería, Alberto D’Alotto, entregó ayer a la embajadora británica en Buenos Aires, Shan Morgan.
La escalada viene desde febrero pasado, cuando el Reino Unido dio luz verde a empresas petroleras británicas para que exploren la cuenca que rodea al archipiélago. Ya entonces el canciller Jorge Taiana convocó a la embajadora Morgan para transmitirle su primer rechazo a la resolución británica tomada de manera unilateral.
Luego, el conflicto recrudeció cuando la empresa Rockhopper anunció que en uno de los pozos que exploraba en la cuenca norte de las islas había encontrado petróleo de buena calidad, por lo que continuaría con las tareas de perforación. En un día, las acciones de la empresa se dispararon por encima del 150 por ciento.
Argentina avisó entonces que denunciaría la situación en todos los foros internacionales en los que formara parte y que además utilizaría las armas que le daba el derecho para tratar de detener lo que denominó la “explotación de los recursos naturales” argentinos.
Desde entonces, Argentina consiguió el contundente respaldo de los países de la región en un par de cumbres continentales y la presidenta Cristina Kirchner sorprendió al plantear la cuestión en su discurso de apertura del reciente encuentro Unión Europea-América latina y el Caribe que se celebró en Madrid. La Presidenta denunció que el Reino Unido se negaba a aceptar las recurrentes convocatorias de las Naciones Unidas al diálogo entre las partes. Unos días antes, Cristina Kirchner le había enviado una carta de salutación al flamante premier británico, David Cameron, en la que lo instaba a iniciar ese diálogo sobre la soberanía en el archipiélago.
Por esos días, la Presidenta firmó el decreto que provocó la reacción inglesa, que presentó una nota de queja ante la embajada argentina en Londres. Allí, el gobierno argentino obliga a pedir autorización a todos los buques que naveguen aguas argentinas, con la intención de dificultar el paso de las naves británicas que se dirijan hacia las islas. Según las autoridades británicas, eso viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el derecho internacional en la materia. Enseguida Argentina avisó que a eso también le daría una respuesta.
Por instrucción de Taiana, D’Alotto –su jefe de gabinete de asesores– le entregó ayer a Morgan una nota. Respecto de este punto, subrayó que el decreto de la Presidenta regula el tráfico marítimo de cabotaje entre puertos ubicados en territorio argentino y, por ende, son acordes con el derecho del mar.
Asimismo, la Cancillería señaló que todos los gobiernos democráticos de la Argentina han mantenido una posición favorable a la resolución pacífica de la disputa de soberanía e invitó nuevamente al Reino Unido a reanudar las negociaciones tendientes a la resolución de la disputa.
La Argentina reiteró su condena a “los actos unilaterales e ilegítimos que está realizando el Reino Unido en materia de explotación hidrocarburífera en la plataforma continental de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los cuales son contrarios al derecho internacional y a los pronunciamientos de las Naciones Unidas”.
En la nota, el gobierno argentino reafirmó sus “legítimos derechos de soberanía” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.