La Corte Suprema de Justicia volvió a intimar a los estados nacional, bonaerense y porteño y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) para que en tres días cumpla con lo requerido el 6 de abril pasado, cuando pidió que se presente un informe sobre el cumplimiento de las tareas de saneamiento porque consideró que la información no estaba completa.
"La presentación efectuada por la Acumar que contempla la ley 26.128 no da adecuada respuesta al informe requerido, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos", advirtió el máximo tribunal.
En la resolución, firmada ayer, también se recordó que en el fallo anterior se intimaba a brindar un informe que debía establecer, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que ha sido alcanzado -al 31 de marzo pasado- cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesto en el fallo por la limpieza del Riachuelo.
LA NACION intentó comunicarse con la Acumar pero no tuvo éxito. En tanto, en el Cuerpo Colegiado, conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación y varias ONG que deben controlar el cumplimiento del plan, analizaban la nueva decisión de la Corte.

Punto de inflexión
La semana pasada, Gustavo Villa Uría, presidente del consejo ejecutivo de Acumar, describió el trabajo que se está haciendo desde el Estado: "Acumar está cumpliendo con los requerimientos del fallo de crear un organismo autárquico que pueda manejar su presupuesto. Se ha desligado de la Secretaría de Ambiente, es interjurisdiccional. No podemos decir que llegamos a un punto de inflexión, pero estamos llegando a indicadores que marcan algunas mejoras".
El funcionario reconoció, durante el seminario de Defensores y Medios, que hasta el momento sólo cuenta con el 50% del presupuesto asignado para el organismo (no precisó el monto), que de las 2000 industrias que se han inspeccionado en la cuenca (hay un universo calculado de entre 10.000 y 20.000) sólo fueron sancionadas dos por contaminar y sólo una presentó en tiempo y forma un plan de reconversión industrial.
Hace casi dos años la Corte ordenó el saneamiento del río más contaminado de la Argentina. Para concretar ese plan se creó, cuando Romina Picolotti era secretaria de Ambiente de la Nación, la Acumar como órgano autárquico. Sin embargo, sólo hace un mes pudo contratar su propio personal, entre ellos los inspectores, que no superan el número de 30.
El saneamiento del Riachuelo insumió $ 23.801 millones hasta 2024, mientras que entre 2006 y 2009 se invirtieron $ 3114 millones.
Una gran parte de esos aportes provendrán de un crédito otorgado por el Banco Mundial de 840 millones de dólares para un colector cloacal. Los trabajos están en etapa de licitación.