Los diputados provinciales de la UCR preparan un proyecto de ley para dejar sin efecto el acuerdo de Portezuelo del Viento por el cual Mendoza renunció en el 2006 a la demanda iniciada contra la Nación a fines de los ‘90 por las pérdidas que dejó la promoción industrial, a cambio de la construcción de la presa en el Sur provincial.
La idea de los legisladores es plasmar, por un lado, la nulidad del acuerdo extrajudicial suscrito en el 2006, con el argumento de que el Gobierno nacional no cumplió con el cronograma de pago para la realización de la obra, y por el otro, la reactivación de la demanda inicial y el consecuente reclamo de los más de $1.000 millones que debió cobrar el Estado local en concepto de perjuicios por la promoción que benefició a las provincias vecinas.
Pero la iniciativa legislativa de los radicales promete generar algunos roces con sus aliados del cobismo, puertas adentro del Frente Cívico Federal. Es que el CONFE no está convencido aún de avanzar en contra de un convenio que firmó Julio Cobos hace cuatro años, cuando era gobernador y estaba en pleno romance con el kirchnerismo.
Sin embargo, el diputado Roberto Infante (UCR) desestimó cualquier conflicto y le aseguró a Diario UNO: “Independientemente de que Cobos haya logrado aquel acuerdo, él dejo todos los mecanismos iniciados para que la obra se hiciera. Es la Nación la que no cumplió”.
Los cobistas también le ponen algunos reparos jurídicos a la nulidad del convenio. “Es un tema sumamente complejo. No vaya a ser que nos quedemos sin el pan y sin la torta”, explicó en ese sentido Andrés Marín, jefe de bloque del CONFE en Diputados.
El legislador detalló: “Hay que tener el suficiente respaldo técnico para no meternos en un callejón que nos lleve a una salida peor”.
Por esa razón, Infante aclaró que “se están haciendo todos los estudios y análisis jurídicos necesarios para poder presentar el proyecto mañana (por hoy)”.
Cobistas y radicales se reunirán este mediodía para analizar si presentan la iniciativa en conjunto. De todas maneras, la UCR está dispuesta a hacerlo en soledad.

El corazón del conflicto
En el ‘97, el Estado local demandó a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo por los perjuicios económicos que le provocó a Mendoza el beneficio de la promoción industrial en provincias vecinas.
En el 2006, cuando todo hacía pensar que el máximo tribunal iba a fallar a favor del pedido mendocino, el entonces gobernador Cobos cedió a la oferta del Gobierno nacional, en aquel momento en manos de Néstor Kirchner.
La Nación le propuso a Mendoza renunciar a la demanda millonaria, que sobrepasaba los $1.000 millones, a cambio de que el Ejecutivo depositara la misma suma durante un lustro. Todo, para la realización de Portezuelo del Viento –una presa cinco veces mayor que la de Potrerillos–, ubicada sobre el Río Grande, en Malargüe.
Pero el Gobierno nacional incumplió esos depósitos. En el 2009, la oposición mendocina puso el grito en el cielo cuando el oficialismo dejó fuera del Presupuesto al embalse.
Ahora, en medio de la reactivación del conflicto que Celso Jaque y los legisladores nacionales piensan llevar mañana ante la Corte Suprema, el radicalismo apuesta a bajar el convenio. “No sólo hay que evitar futuros perjuicios, también hay que recuperar lo que adeuda la Nación de antes”, dijo Alejandro Molero, jefe de bloque de diputados radicales.

Deciden si hay asamblea
El vicegobernador Cristian Racconto es quien debe convocar a la asamblea legislativa que solicitaron legisladores opositores y oficialistas el viernes. Por eso, se reunirá hoy con los referentes de todos los partidos para buscar una salida consensuada.
“No hemos fijado fecha, pero tendrá que ser esta semana”, le explicó el vice a Diario UNO.
La segunda autoridad local aprovechó para pegarle al justicialismo. “Los legisladores nacionales del PJ avalaron la promoción a otras provincias el año pasado y ahora se muestran como abanderados de una solución”, dijo. Es que, en el 2009, Racconto les pidió a diputados y senadores que no avalaran un artículo del Presupuesto y propuso hacer una asamblea legislativa para tratar la promoción industrial.