Este martes, la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña (que preside la diputada Marta Varela) emitió despacho del proyecto de la diputada Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica-ARI) que establece que la totalidad de la costa porteña es de uso público, de libre acceso y circulación.
Sánchez Andía, miembro de la Comisión, manifestó en un comunicado enviado a adnciudad.com: "La costa del río existe para que la disfruten todos, hay que terminar con las concesiones truchas, que benefician a unos pocos".
En el expediente se fija un plazo máximo de 365 días para la desocupación. En el caso de construcciones o actividades en la ribera, el proyecto establece que se procederá a su inmediato cese, desocupación, desmantelamiento o demolición a costa del responsable, ocupante, concesionario, poseedor, tenedor o propietario.
La legisladora porteña sostuvo: "Tomamos una definición concreta, Buenos Aires debe tener una costanera como Rosario o Montevideo y para eso estamos trabajando".
En los casos de asentamientos de personas con fines exclusivos de vivienda única no se realizarán desalojos o desplazamientos forzosos, y su relocalización deberá realizarse garantizando previamente el acceso efectivo a viviendas dignas, adecuadas y definitivas.
Según pudo conocer adnciudad.com la iniciativa fue acompañada por Sánchez Andía, Adrián Camps (Proyecto Sur), Daniel Amoroso (Unión Federal), Bruno Screnci Silva (PRO), Silvina Pedreira (Peronista) y Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires).
Por otra parte, respecto al pedido de juicio político llevado adelante por la empresa Costa Salguero contra el juez Roberto Gallardo en virtud de un amparo presentado por Rocío Sánchez Andía y el ex diputado Facundo Di Filippo, la diputada aseveró: "Costa Salguero está dando manotazos de ahogado, se les acabó el negociado, están al margen de la ley y la deben cumplir como cualquier ciudadano".
Sánchez Andía y Di Filippo iniciaron dos acciones judiciales tendientes a recuperar la costa, y han obtenido para los casos de Punta Carrasco y Costa Salguero medidas judiciales favorables que han sido confirmadas por la Cámara de Apelaciones.