El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) elevó ayer al Ejecutivo cuatro opciones de cargo fijo para que los usuarios de Aguas Cordobesas afronten la instalación de 70 mil medidores a lo largo de 36 meses.
El Ersep le dio luz verde así al pedido del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para armar un esquema de financiamiento de los medidores, con el voto afirmativo de cuatro vocales -tres representantes del oficialismo y uno de los usuarios- y la disidencia de los vocales de la oposición.
El organismo que preside Rody Guerreiro envió cuatro alternativas para afrontar esa obra que demandará una inversión cercana a los 25 millones de pesos, pero fuentes oficiales estimaron que la opción que tiene mayor chance es que la establece un cargo fijo mixto.
Esta alternativa aplica un cargo fijo del 16,5 por ciento a los usuarios residenciales del zonal 2 -el de mayor cantidad de clientes- y de un 18 por ciento para los no residenciales de esa misma categoría (comercios, industrias) y los restantes zonales.
De los 400 mil clientes de Aguas, 210 mil usuarios pertenecen al zonal 2 y solamente siete mil no son residenciales.
En todos los casos, el cargo fijo deja afuera a 50 mil usuarios del zonal 1 que integran pobladores de menores recursos, jubilados y adscriptos a la tarifa solidaria.
Según el vocal oficialista Jorge Saravia, el grueso de los usuarios pagaría de cargo fijo casi cuatro pesos a lo largo de 36 meses. También hubo otras tres opciones que se elevaron al Gobierno: un 18 por ciento global para todos los zonales -siempre excluido el primero-, un 16,5 y un 15 por ciento global.
Aunque la reunión no se prolongó más de una hora -se realizó mientras se disputaba el partido entre Uruguay y Ghana- volvió la polémica respecto de si el costo de los medidores debe ser afrontado por la concesionaria, por los usuarios o por la Provincia.
El juecista Juan Pablo Quinteros y el radical Alberto Castagno votaron en disidencia por considerar que la instalación de los medidores debe ser afrontada por Aguas o la Provincia. Consideran que en caso contrario se debería modificar la última adenda del contrato realizada en 2006 y enviar un proyecto a la Legislatura.
"La oposición no presentó ninguna propuesta alternativa y quiere judicializar el tema con un amparo presentado por el juecista Quinteros que es un mamarracho", cuestionó el vicepresidente del Ersep, Luis Arias.
Desde el oficialismo insisten que la resolución 529/94, que establece el marco regulador de todos los contratos de servicios públicos, faculta a cobrar a los usuarios cargos específicos para determinadas obras o acciones. "Esta discusión sólo se da en Capital porque en todo el interior las cooperativas le hacen pagar a los usuarios los medidores", insistió Saravia.
Otro de los puntos de controversia es el costo de los medidores y su instalación. Según el expediente oficial, los materiales están cotizados en 164,78 pesos. Ese valor contempla el medidor de agua propiamente dicho más la caja plástica y una serie de accesorios. Pero además se cotiza la mano de obra en 244,22 pesos. Sumadas ambas cosas el precio oficial pretendido es 409 pesos por frentista. La inversión total sólo en medidores y su instalación alcanza los 25 millones de pesos.
Desde el oficialismo se indicó que ahora el Ejecutivo deberá elegir entre una de las opciones y emitir el decreto correspondiente. El cargo fijo no será retroactivo y se comenzaría a cobrar con la tarifa de agosto de Aguas Cordobesas.

Para la oposición debe pagar Aguas
Los dos vocales por la oposición en el Ersep, el juecista Juan Pablo Quinteros y el radical Alberto Castagno votaron en contra del cargo fijo para afrontar la instalación de 70 mil medidores.
Los dos vocales por la oposición en el Ersep, el juecista Juan Pablo Quinteros y el radical Alberto Castagno votaron en contra del cargo fijo para afrontar la instalación de 70 mil medidores.
Quinteros sostiene en su voto en disidencia que el contrato y su posterior modificación en 2006 por la Legislatura establece de "manera clara e indubitable que salvo tres excepciones los medidores deben ser afrontados por la concesionaria". Según el vocal, el usuario deberá afrontar el costo del medidor cuando teniéndolo instalado, el aparato haya excedido su vida útil de siete años, a partir de su habilitación por el concesionario. También estará a cargo del cliente cuando reclame su instalación anticipada y en las expansiones de redes de agua potable.
El radical Castagno compartió esos mismos argumentos y también señaló que cualquier cambio obligaría a enviar un proyecto de ley a la Legislatura para cambiar la última adenda al contrato. Recordó que en 2004 el Ersep aplicó una multa a Aguas Cordobesas por no haber cumplido con el compromiso de instalar los medidores que exigía el contrato original.